Un sexenio termina, los derechos humanos siguen pendientes: Article 19

Ciudad de México, a 9 de julio de 2024.- La organización Article 19 presentó Derechos Pendientes, su informe sexenal sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, derecho a la verdad y acceso a la información en México, que profundiza sobre los aspectos apremiantes de la agenda de derechos humanos nacional de cara al futuro.

El primer pendiente es el relativo a la transparencia y acceso a la información ambiental, especialmente de las poblaciones indígenas y rurales.

Lo que atestiguamos es la continuación de  un histórico “racismo informativo” que obstaculiza el derecho a saber de las personas y comunidades indígenas.

El segundo pendiente es el disfrute de derechos en el ámbito digital. En México hay en internet una disputa entre un modelo que busca garantizar derechos humanos y uno de control autoritario. Nada está dicho aún, pero la batalla continuará.

El tercer pendiente es el de la necesidad de proteger a la prensa en México.

Al cierre del gobierno de López Obrador, se identifica que no pudo detenerse la violencia, por el contrario, hubo un incremento porcentual de 62.13% de agresiones contra la prensa respecto al gobierno anterior.

Las y los periodistas siguen afrontando condiciones de silenciamiento creadas sobre todo por actores estatales, a la par que una situación histórica de precariedad laboral que profundiza la vulnerabilidad del sector. 

El cuarto pendiente es el del derecho a la verdad para las víctimas de atrocidades del pasado y el presente. Al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se prometió priorizar los esfuerzos en materia de acceso a la verdad con el fin de brindar respuestas a los miles de familiares de personas desaparecidas en el país

Hacia el final del sexenio, estas promesas y la voluntad política se fueron diluyendo.

En quinto pendiente es la institucionalidad relevante en materia de derechos humanos.

El proceso de “desinstitucionalización” de México fue evidente. A lo largo del sexenio —hasta un corte en mayo de 2024— se concretaron 65 designaciones en 17 de las 19 instituciones clave, de un total de 96 designaciones que tuvieron que hacerse por ley. 

Con ello se consolida el ambiente en el que prevalecen la falta de garantías para los derechos humanos y fenómenos como violencia, censura, impunidad y opacidad.

Situación crítica de violencia

Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, señaló que México se encuentra en una situación crítica de violencia que requiere la suma de todos los esfuerzos y perspectivas, por lo que el Informe busca arrojar luz sobre los desafíos para la libertad de expresión que se mantienen vigentes, como la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.

Observó que de cara a la llegada de un nuevo gobierno que ha dado señales de apertura, es fundamental entablar un diálogo respetuoso y objetivo sobre el deterioro que ha sufrido la agenda de derechos humanos y las garantías de libertad de expresión, de 2018 a la fecha.

Como ejemplo de que la colaboración entre sociedad civil y gobierno puede generar dinámicas virtuosas, el informe destaca que dentro de la Segob se generaron espacios, como el grupo de trabajo para la mejora del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que permitieron un diálogo político y técnico en la mejora de dicha instancia.

Violencia contra la prensa al alza

En la parte medular de Derechos Pendientes, Article 19 expuso que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se registraron 3408 agresiones contra la prensa, de las cuales 561 se registraron solo en 2023. Esta cifra equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas en los últimos seis años, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos. El total representa un incremento del 62.13% en las agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

También destaca que las agresiones en línea representaron uno de cada tres ataques durante el sexenio. La organización registró que el Estado mexicano, mediante sus autoridades, se mantiene como el principal agresor de la prensa con 1559 agresiones (45.75% del total).

En el panorama nacional, ARTICLE 19 registró agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados de la República; no obstante, los mayores índices de violencia se registraron en la CDMX (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199).

ARTICLE 19 también compartió que durante el sexenio se registraron 179 agresiones en las “mañaneras” e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”.

Asimismo, la organización insistió sobre la estrategia de control de líneas editoriales que mantiene el gobierno a través del gasto en comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial durante el gobierno de López Obrador, los primeros 10 concentraron 47.08% de los recursos.

La política del olvido

El informe de Article 19 también expone las preocupaciones que existen en torno a la crisis de personas desaparecidas que atraviesa el país, así como la política de reducción de cifras alrededor del tema.

Según reportes retomados por la organización, del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron 44,073 personas desaparecidas, esto significa que más del 40% del total de las desapariciones reportadas desde 1965 ocurrieron durante el actual gobierno de López Obrador. En estos seis años, un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, y una cada hora.

A esto se suma que en 2023 el presidente anunció la realización del Censo Nacional de Personas Desaparecidas a cargo de la Segob, institución que no cuenta con las facultades de ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, y que presentó entre sus resultados que de las 110,964 personas desaparecidas solo 12,377 estaban confirmadas como tal, pues las otras entraban en categorías como “no hay información para la búsqueda”, “carecen de datos para la identificación”, “personas ubicadas” y “personas localizadas”.

En el mismo sentido, el informe señala que pese a la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2018 y la insistencia de diversos colectivos y personas para acelerar la colaboración interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas, la apertura del gobierno ha sido mínima.