Hola paisano
La soberanía de una nación también se construye en sus universidades, sus laboratorios y su capacidad para producir conocimiento. Un país que depende de otros para desarrollar tecnología limita sus posibilidades de decidir sobre su economía, su seguridad y su futuro. Por eso, la política científica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y conducida por la secretaria Rosaura Ruiz merece reconocimiento: coloca el conocimiento entre las responsabilidades centrales del Estado y lo vincula con las necesidades de México.
Tiene un profundo significado que esta transformación sea encabezada por una presidenta científica. Claudia Sheinbaum conoce el trabajo de investigación, la formación universitaria y la disciplina que exige convertir una pregunta en conocimiento comprobable. Su doctorado en ingeniería en energía forma parte de una trayectoria que permite comprender la relevancia de invertir en capacidades científicas propias. Esa experiencia representa una fortaleza para un gobierno que busca articular desarrollo tecnológico y bienestar social.
La decisión de dar rango de secretaría a la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación expresa una prioridad política. El conocimiento adquiere un lugar de mayor responsabilidad dentro del gobierno y una vía para participar en la solución de los grandes problemas nacionales. Bajo la conducción de Rosaura Ruiz, esta orientación promueve la colaboración entre instituciones y comunidades académicas alrededor de objetivos compartidos.
Los avances presentados por la SECIHTI permiten apreciar la dimensión de este esfuerzo. El incremento de 111% en los recursos destinados a proyectos científicos y tecnológicos durante 2026 constituye una señal concreta de respaldo a la investigación. Conviene precisar su alcance: corresponde a los recursos para proyectos, cuya expansión abre oportunidades para que el talento mexicano disponga de mejores condiciones de trabajo. La voluntad de impulsar la ciencia adquiere credibilidad cuando se acompaña de financiamiento.
Los aproximadamente 48 mil integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y las cerca de 100 mil becas vigentes, reportados entre estos avances, representan una base humana de enorme valor. Detrás de esas cifras hay trayectorias, vocaciones y años de preparación. Respaldarlas significa reconocer que México necesita formar especialistas y ofrecerles condiciones para aportar al desarrollo nacional. Cada joven que puede continuar sus estudios amplía nuestras posibilidades de resolver problemas con conocimiento propio.
Los proyectos estratégicos muestran hacia dónde se pretende orientar esa capacidad. Kutsari impulsa el diseño de semiconductores mediante una red que comprende Puebla, Sonora y Jalisco. Olinia reúne capacidades de investigación en electromovilidad para desarrollar un vehículo eléctrico mexicano. Son apuestas que pueden fortalecer la participación del país en actividades de mayor complejidad tecnológica y abrir oportunidades para universidades, ingenieros y proveedores nacionales.
Su significado político es considerable. México cuenta con talento para diseñar, investigar e innovar; la tarea del Estado consiste en ayudar a organizar esas capacidades, sostenerlas y darles continuidad. La soberanía tecnológica exige precisamente esa combinación: formación, infraestructura, inversión y coordinación. También requiere cooperación internacional desde una posición que permita aprender, aportar y conservar capacidad de decisión.
En esa perspectiva se inscribe el desarrollo anunciado de la supercomputadora Coatlicue. Fortalecer el procesamiento de información y la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la investigación y la anticipación de fenómenos meteorológicos. Los proyectos de observación satelital, drones, alertas oceanográficas y atención al sargazo expresan, asimismo, una orientación valiosa: poner las herramientas científicas al servicio de la protección del territorio y de las comunidades.
Rosaura Ruiz merece un reconocimiento particular por conducir esta agenda. Articular instituciones con experiencias y capacidades distintas demanda conocimiento del mundo académico, disposición al diálogo y claridad sobre las prioridades públicas. Su propuesta de trabajar mediante redes de colaboración ofrece un camino para reunir esfuerzos y atender problemas que ninguna institución podría resolver por sí sola.
Las humanidades deben ocupar un lugar decisivo en este proyecto. Nos ayudan a preguntar para quién se innova, cómo se distribuyen los beneficios y qué responsabilidades nacen del poder tecnológico. Una política científica comprometida con la transformación del país necesita esa reflexión para que el progreso amplíe derechos y oportunidades.
El reconocimiento de esta orientación también compromete a exigir continuidad, resultados verificables y beneficios sociales. Los proyectos deberán consolidarse y el respaldo al talento tendrá que sostenerse. Ahí reside la importancia de contar con una presidenta que comprende la investigación y una secretaria capaz de organizarla alrededor de objetivos nacionales. Con Claudia Sheinbaum y Rosaura Ruiz, México está afirmando una convicción que debemos defender: producir conocimiento propio es una manera de conquistar libertad y construir un futuro más justo.