Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
CHIHUAHUA, Chih., 9 de abril de 2019.- Ha llegado la hora de que la violencia y la impunidad den paso a la aplicación de la ley, a la justicia, a la convivencia pacífica, a la inclusión y a la solidaridad.
Requerimos un compromiso general por la vigencia de la ley y los derechos humanos, que nos consolide hacia el interior y nos fortalezca en el exterior, compromiso y consolidación que pasan, necesariamente, por el reconocimiento, vigencia y respeto de la autonomía universitaria.
Así lo manifestó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien desde 2009, en un texto en coautoría con Enrique Guadarrama, indicó que las universidades públicas e instituciones de educación superior no pueden ni deben ser botín de intereses ajenos a los fines para los que fueron creadas y demandó defenderlas y fortalecer su autonomía.
La autoridad que vulnera la autonomía universitaria, directa o indirectamente, incurre en una violación a los derechos humanos, pues afecta el derecho a la educación y la formación de nuestra juventud, así como el derecho a la cultura y, en general, a la difusión del conocimiento de la sociedad en su conjunto.
Explicó que, con independencia de tiempo o coyunturas políticas, la universidad debe conservar en todo momento su capacidad de ser un entorno donde la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia y el respeto a las personas y a las ideas, para lo cual el reconocimiento y respeto de su autonomía es de primordial relevancia por ser cimientos de la actividad universitaria y la mejor garantía de que ésta se podrá llevar a cabo en los términos debidos y que le son pertinentes.
Tras señalar que la autonomía universitaria es libertad, pero también lleva implícita una enorme responsabilidad y compromiso, Gonzalez Pérez expresó que se requiere un compromiso real y efectivo para terminar con la violencia e impunidad para dar paso a la vigencia de la ley, los derechos humanos, la justicia, la convivencia pacífica, inclusión y solidaridad, y apuntó que ello incluye la vigencia y respeto de la autonomía universitaria que recientemente se ha visto cuestionada en los estados de México y Baja California Sur.
Al participar en el acto en que fue firmado el Convenio para la Incorporación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) a la Red Interinstitucional en Materia de Derechos Humanos para el Desarrollo de Programas de Maestría y Doctorado, aseguró que la educación en y para los derechos humanos es la mejor forma de prevenir violaciones a tales prerrogativas y contribuir a su vigencia.
De nada sirve que los derechos se reconozcan, dijo, si las personas desconocen sus contenidos, no comprenden sus alcances y no están conscientes de los mecanismos para hacerlos efectivos o exigir su cumplimiento.
Refirió que en un contexto en que la violencia, inseguridad, incumplimiento de la ley, desinformación, miedo y falta de certezas parecen ser los factores que condicionan y se integran a nuestra vida cotidiana, el papel de la educación y de quienes educan, adquiere especial relevancia por tratarse de agentes de cambio que pueden incidir en que México tome en definitiva la vía de la legalidad, la paz, la justicia, la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas. Enfatizó que la mejor inversión que puede hacerse es en educación y en quienes educan, así como atender las causas que generan las profundas desigualdades en el país.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que el Comité Académico de la Maestría y del Doctorado en Derechos Humanos aprobó la incorporación de la Universidad Autónoma de Chihuahua para impartir esos grados de enseñanza y reveló que los programas académicos están vinculados con la Agenda 2030 de la ONU, en lo relacionado con la Educación de calidad.
Al felicitar a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como a las universidades participantes por el esfuerzo que realizan para llevar el estudio y conocimiento de los derechos humanos a las aulas del país, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que ante los cambios prolíficos que está experimentando el país, en los cuales se busca evadir la intermediación de la sociedad civil y debilitar a los órganos constitucionalmente autónomos, es fundamental para la democracia consolidar el respeto a los derechos humanos y defender el sistema de contrapesos y equilibrios con que se cuenta actualmente.
Y aseveró que el contrapeso más acabado del desarrollo democrático en México es la asunción de los derechos humanos, por lo que hizo un llamado a cuidar las Comisiones de Derechos Humanos y no permitir que se materialice ningún intento de «achicarlas», restringirlas o centralizarlas porque, afirmó, perderíamos mucho. Al respecto, agregó que la mejor forma de honrar el trabajo de dichas instituciones es acatar sus recomendaciones y crear mecanismos de seguimiento que garanticen su cumplimiento total.
González Pérez sostuvo diversas reuniones de trabajo, entre ellas con Javier Corral Jurado; con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, y con la licenciada Lucha Castro.