Urge CNDH a proteger a defensores tras asesinato de rarámuri

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre de 2018.-  Luego del asesinato del defensor indígena de derechos humanos Julián Carrillo Martínez, uno de los principales líderes de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron los hechos y llamaron a implementar medidas para proteger a ativistas.

La noche del 24 de octubre, Carrillo Martínez fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados y falleció por los impactos de municiones de alto calibre. Un día antes, la víctima conoció que sus agresores lo estaban vigilando por lo que buscó refugio en un cerro cercano. La CNDH solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de la víctima, y agotar la línea de investigación relacionada con la labor que él llevaba a cabo.

El Sr. Carrillo Martínez realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región. Entre otras actividades, impulsaba, con otros miembros de la comunidad, la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a actores locales. Además de encabezar la defensa del territorio de su comunidad indígena, la víctima era miembro de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización ampliamente reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Debido a la defensa de los derechos humanos que Julián Carrillo y otros defensores comunitarios de Coloradas de la Virgen realizaban, el propio Sr. Carrillo ya había sido víctima de reiteradas agresiones, incluidos los homicidios de sus familiares: Francisco Chaparro Carrillo, yerno, en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017; Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en julio de 2016; y Víctor Carrillo Carrillo, hijo, en febrero de 2016. Derivado de amenazas recibidas y del riesgo que enfrentaba, el Sr. Carrillo Martínez se había desplazado de la comunidad en diferentes momentos y era actualmente beneficiario de medidas de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Chihuahua, y en particular el municipio de Guadalupe y Calvo, es una de las zonas de mayor peligrosidad para quienes defienden derechos humanos. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, visitó México y Chihuahua en 2017 y en su informe de misión presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos mencionó que “Al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado.”

Como respuesta a esa tendencia, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal –a través de la Secretaría de Gobernación– adoptaron un Plan de Contingencia para reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, combatir las causas que las producen y diseñar medidas de no repetición. Sobre ese proceso, tras su misión conjunta al país también en 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Sr. David Kaye, y el Relator Especial de la CIDH para la libertad de expresión, Sr. Edison Lanza, consideraron que “el Plan de Contingencia de Chihuahua, si se desarrolla correctamente y de un modo transparente, tiene el potencial para convertirse en una de las mejores prácticas de la región en materia de medidas de prevención para periodistas y defensores de derechos humanos.” Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado su plena implementación.

Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, expresó que “existe una gran expectativa en torno al Plan de Contingencia por parte de las víctimas, la sociedad civil y las mismas autoridades y es fundamental que se encuentren soluciones estructurales que brinden medidas de seguridad integral a los pueblos indígenas para que asesinatos de defensores como el del Sr Carrillo o los ocurridos el año pasado contra Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros no vuelvan a repetirse”.

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, ha señalado que los defensores civiles de derechos humanos desarrollan una intensa labor de promoción y defensa que se traduce en diferentes ámbitos de acción: denuncias, defensa legal, educación, investigación, promoción, difusión, entre otras, cuyo fin es contribuir a la vigencia de las garantías consagradas en la ley. Además, éstas inciden de manera decisiva para que los gobiernos cumplan con las obligaciones consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos.

Cabe destacar que precisamente un día antes del ataque contra el Sr. Carrillo Martínez, el Tribunal Superior Agrario adoptó una sentencia que reconoce los derechos territoriales a la comunidad de Choreachi –igualmente del municipio de Guadalupe y Calvo– y que sienta un importante precedente que se espera pueda beneficiar también a las demás comunidades indígenas que se enfrentan a la invasión de sus territorios y deterioro del medio ambiente.

El Representante de la ONU-DH agregó que “este caso debe ser una prioridad absoluta para el recién nombrado Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, ya que la justicia es innegablemente la principal medida de prevención. Urge sentar un precedente positivo que mande una señal definitiva de que los homicidios de defensores de derechos humanos se investigan y se sancionan ejemplarmente”.

El Presidente de la CNDH ha destacado que a pesar de que las personas defensoras de derechos humanos realizan una importante labor en favor de los derechos, continúan enfrentándose a graves dificultades al pretender inhibir con actos de violencia e intimidación sus tareas, así como la creciente tendencia a estigmatizar y criminalizar su labor. Es importante consignar que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de los defensores civiles se niega a su vez a muchísimas personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos.