Urge CNDH políticas públicas integrales con visión de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre de 2017.- Enfrentar los problemas de inseguridad pública en nuestro país demanda la implementación de políticas públicas integrales de prevención con perspectiva de derechos humanos, así como atender las causas estructurales que propician la comisión de ilícitos como la pobreza y la marginación, expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Consideró, se añadió en un comunicado, que en esta materia se ha actuado de manera equivocada, al apostarle siempre a la reacción en lugar de la prevención, y mientras ello ocurra no habrá ejército ni policía suficiente para contener la incidencia delictiva.

Al participar en el Debate: Relaciones Cívico-Militares y Propuesta de Ley de Seguridad Interior, realizado en el marco de la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, señaló que todas las actividades emprendidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender el problema de la criminalidad deben tener como eje rector el respeto a los derechos fundamentales.

En el encuentro, en que también participaron la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar, y el general de brigada de Justicia Militar, Alejandro Ramos, el Presidente de la CNDH demandó con urgencia abatir los índices de corrupción.

González Pérez enfatizó que la aplicación de la fuerza en los diversos operativos que se llevan a cabo para combatir al crimen deben efectuarse con estricto apego a la ley, respetando los derechos humanos y siguiendo al pie de la letra lo estipulado en los protocolos en esta materia.

Señaló que en tareas de seguridad el objetivo y el eje de protección deben ser las personas antes que las instituciones del Estado.  Asimismo, reconoció la labor de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública de la población.

Destacó la importancia de anteponer las necesidades de la sociedad a los intereses políticos para cumplir con las demandas de la población, y propuso que la conformación del Presupuesto de Egresos 2018 debe realizarse con perspectiva de derechos humanos, para atender situaciones como la falta de oportunidades educativas y laborales en diversas regiones del país.

Pedro Salazar coincidió con el Ombudsman nacional en que se deben atender las causas que han generado la crisis de inseguridad en México, además de tomar en cuenta como factor detonante de violencia la cercanía con un Estados Unidos –nación donde ha aumentado el consumo de estupefacientes–, el comercio de armas y la crisis económica y social que enfrentan varias naciones centroamericanas.

Afirmó que en el combate a la inseguridad se tiene que avanzar en cuatro ejes: fortalecimiento de las fiscalías, la consolidación de la reforma de justicia penal del 2008, la articulación de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la capacitación a policías, peritos y ministerios públicos.

Angélica de la Peña dijo que todas las acciones para combatir la inseguridad deben hacerse en el marco del respeto a los derechos de las personas, y agregó que el Congreso de la Unión debe retomar la discusión de la Ley de Seguridad Interior y la iniciativa de mando policial mixto.

Alejandro Ramos urgió a los integrantes de la actual Legislatura a discutir y aprobar una ley que brinde certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en la tarea que realizan para combatir a la delincuencia organizada, y añadió que se debe apostar más por la capacitación de los elementos castrenses para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos.

La Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil fue organizada por este Organismo nacional conjuntamente con la Universidad Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.