Urge GPPRD a proteger niñez y combatir impunidad de agresores

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de octubre de 2016.- Es urgente actuar para poner fin al abuso, la explotación, el tráfico de personas, así como todas las formas de violencia en contra de la niñez y la adolescencia, afirmó el diputado federal Rafael Hernández Soriano, quien presentó una iniciativa para erradicar toda forma de violencia contra este sector de la población.

Se añadió, en un comunicado, que el secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez expuso un sombrío panorama en el país por la problemática que enfrenta la niñez y la vulnerabilidad en que se encuentra debido a la impunidad que cubre a los agresores, en varios casos protegidos por instituciones de culto, educativas y las propias familias.

México, añadió, ocupa el vergonzoso primer lugar en turismo sexual infantil, la tasa de homicidios es la cuarta causa en niños de cinco a 14 años, de acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (la 21) en la que expuso un aumento del 300 por ciento de 2013 a 2014 de quejas por agresiones sexuales en centros escolares.

Expuso que en el país los actos de violencia son cotidianos y se presentan en todos los ámbitos de convivencia de la niñez y la juventud: en el hogar, en la calle, en los centros educativos, deportivos, religiosos, y hasta en los centros que debieran ser refugio y resguardo para niñas, niños y adolescentes están siendo violentados.

“Estamos heredando a nuestra niñez y juventud un mundo y un país inundado de violencia”, subrayó Hernández Soriano, quien insistió que los datos anteriores “son trazos de un cuadro que proyecta un futuro de mayor violencia y pocas expectativas para las niñas y niños” mexicanos.

Indicó que en los meses recientes se elaboró esta propuesta legislativa que propone reformar 10 leyes para Prevenir, Erradicar, Sancionar y Atender toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, que entre otras medidas y propósitos incluyen lo siguiente:

Que se armonicen las leyes y presupuestos para implementar programas y estrategias de prevención de violencia y atención a víctimas de forma horizontal y vertical; que todos los centros de atención y resguardo, cuenten con supervisiones periódicas y la obligación de dar parte a las autoridades de cualquier acto de violencia, estableciendo sanciones para quienes no lo hicieran desde clausuras y retiro de autorizaciones.

Ampliar las definiciones legales para sancionar a responsables directos, pero también indirectos como a los encubridores, alentadores o facilitadores; que exista un Registro Nacional de Infractores Sexuales que sirva para evitar conductas delictivas reiteradas y coloque el interés Superior de la Niñez como prioridad social.

Y que las sanciones a asociaciones educativas, publicas y privadas, además de las religiosas y de cualquier índole, que ejerzan, promuevan o encubran cualquier acto de violencia contra la niñez, incluyan la cancelación y hasta el retiro de los permisos o el registro, según corresponda; y armonizar las sanciones por pornografía infantil.

Hacernos cargo de esta deplorable realidad compete a todos: familia, sociedad y a instituciones públicas, privadas, sociales, religiosas y a los tres niveles de gobierno.