Urge la CIDH a AL a aplicar políticas de rehabilitación carcelaria

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre (Quadratín México).- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) urgió a los países de Latinoamérica a adoptar políticas penitenciarias integrales para lograr la readaptación social y rehabilitación de los internos.

Durante la presentación del informe del organismo sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 2011, Andrés Pizarro Sotomayor, abogado de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, planteó que durante décadas se ha desatendido el problema carcelario en América Latina.

Subrayó que los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización en los que impera la arbitrariedad, la corrupción y la violencia.

Pizarro Sotomayor expuso que el hacinamiento y la sobrepoblación son los problemas más graves en las instalaciones de ese tipo, así como las deficientes condiciones de reclusión, los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control de las autoridades.

Indicó que en los centros penitenciarios además persiste empleo de la tortura con fines de investigación criminal y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

El documento presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera un análisis del periodo 2004-2011 para lo cual se visitaron 20 prisiones, centros de detención, comisarías y estaciones de policía de 15 países latinoamericanos para verificar la situación de las personas privadas de su libertad.

Andrés Pizarro aseveró que el respeto a los derechos fundamentales de los internos no se opone a los fines de seguridad ciudadana, ya que “por el contrario es un elemento esencial para su realización”.

En ese sentido el organismo recomendó establecer mecanismos ágiles, equitativos y transparentes para la adjudicación de los cupos u plazas en los programas de estudio, capacitación y trabajo.

De igual forma adoptar las medidas legislativas, institucionales y de otra naturaleza que sean necesarias para asegurar el control judicial efectivo de la ejecución de las penas privativas de la libertad.

En su oportunidad Rosalinda Salinas Durán, segunda visitadora de la CDHDF, comentó que lo que se presenta en el informe respectivo coincide con el diagnóstico que el organismo defensor del Distrito Federal ha hecho sobre los centros de reclusión.

“Ayer mismo, en una diligencia en el Reclusorio Norte, pudimos verificar cómo algunas de esas violaciones han llegado a un punto exacerbado donde el hacinamiento se vuelve gran generador de potenciales violaciones a derechos humanos”, dijo la funcionaria.

Salinas Durán externó que en esos centros se presenta lo que el informe denomina “gobiernos compartidos”, es decir “situaciones o relaciones de subordinación entre los internos que a veces sustituyen la oferta y las relaciones de trabajo que deberían satisfacerse desde la administración penitenciaria.

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