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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2016.- La actividad de la industria minera en México, particularmente la de empresas cuyas concesiones son para explotación a cielo abierto, genera terrible deterioro al medio ambiente y, sobre todo, a la salud, a grado de causar diversos tipos de cáncer a vecinos de zonas aledañas, denunció la diputada Lucia Meza Guzmán, a través de un comunicado del Grupo parlamentario del PRD.
Citó el caso que recientemente documentó la revista Proceso, en el cual se advierte que en los últimos diez años los casos de cáncer aumentaron de 7 a 22 por ciento en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, Chiapas, debido a la contaminación del aire, ríos y arroyos por la exploración y explotación de minerales.
De acuerdo a la información periodística, habitantes de 29 barrios y comunidades de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en la Sierra Madre de Chiapas, iniciaron desde el pasado 26 de septiembre una lucha en defensa del territorio ante la expansión de la actividad minera en la entidad.
Según denuncias de los habitantes, la exploración y explotación de minerales como oro, plata, titanio y hierro han afectado salud y vida de los pobladores en la región de 15 años a la fecha.
“Un dato es que en Acacoyagua, de acuerdo a médicos consultados por el medio, subió la tasa de muertes por cáncer de 7 por ciento a 22 por ciento entre 2005 y 2015”, comentó la legisladora federal.
Este lamentable caso –dijo Meza Guzmán- es uno de tantos que se han presentado a lo largo y ancho del país, donde las empresas dedicadas a la minería generan alta contaminación y afectan gravemente la salud de las familias que habitan en dichos lugares.
Refirió que casos como éste motivaron que recientemente presentara la iniciativa de reforma para incrementar a 8 por ciento el impuesto por derechos extraordinarios de explotación de minerales metálicos como oro y plata.
Plantea específicamente la modificación al artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, lo que generaría una recaudación excedente de casi seis mil millones de pesos al año, recurso que podría destinarse en parte a la mitigación de la contaminación ambiental y en otros casos a prevenir y erradicar las enfermedades que se ocasionan a la población por la actividad de dicha industria.
“Ésta es una exigencia a la que debemos sumarnos todos con firmeza: solicitar al Gobierno Federal intervenir y velar por la salud de los pobladores antes que por los intereses económicos de las empresas mineras”, señaló finalmente la diputada representante del Estado de Morelos.