Urge ONU-DH a investigar a funcionarios implicados en caso Ayotzinapa

ACAPULCO, Gro., 24 de junio de 2019.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó categóricamente los actos de tortura y reiteró el principio inderogable de la prohibición absoluta de esta, luego de que se difundiera un video que expone el tormento en contra de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Carlos Canto Salgado, mientras es interrogado por funcionarios públicos.

“Tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”, recordó a través de un comunicado el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab.

El caso de la tortura de Canto Salgado fue documentado por la ONU-DH en su informe Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. Canto fue detenido por la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Marina (Semar) y su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos. Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento a su misión a México del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.

“El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso. Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra del Sr. Canto y, a pesar de ello, no actuaron debidamente. Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó Jan Jarab.

Ante esta nueva evidencia, la ONU-DH reiteró su llamado al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del informe Doble Injusticia. De igual forma, instó al Estado a implementar medidas de protección para Canto, sus familiares y su abogado defensor.

La ONU-DH destacó que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción. A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, señaló que será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos.

En cuanto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la ONU-DH hizo un llamado a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar en definitiva la denominada “verdad histórica”, misma que fue sostenida indebidamente por la anterior administración y ha sido desacreditada por investigaciones serias e independientes, y a excluir las pruebas obtenidas mediante tortura u otras formas ilícitas, así como aquella información generada por otras instituciones públicas que no abonan a la verdad y la justicia. Para lo anterior, indicó que es fundamental que se designe a un Fiscal Especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables.

Finalmente, la ONU-DH reiteró que seguirá proveyendo asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base del acuerdo suscrito durante la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

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