Urgen a respetar debido proceso y máxima protección en justicia

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de septiembre de 2018.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó que en la lucha por erradicar la tortura se requiere mayor presencia de la Defensoría Pública en las audiencias iniciales ante el Juez de Control y en las Agencias del Ministerio Público; elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que la Procuraduría General de la República (PGR) garantice la participación de todas las voces en la conformación del citado Programa.

Por medio de un comunicado, destacó la importancia de establecer el Registro Nacional del Delito de Tortura, que será la herramienta de investigación de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncia y se investigue dicho fenómeno, incluido el número de víctimas, por lo que debe impulsarse en la Procuraduría General de la República y en las fiscalías estatales que esa base se alimente y actualice de manera permanente, lo que ayudará a abatir la cifra negra de tortura y malos tratos, y permitirá la construcción de indicadores y datos estadísticos para combatir su impunidad, así como lograr la reparación integral a que todas las víctimas de esos flagelos tienen derecho.

Por ello, Ninfa Delia Domínguez Leal, directora ejecutivia del MNPT, subrayó que el poder público tiene el deber y obligación de respetar el debido proceso y no puede perseguir delitos a costa del mismo. El sistema de justicia tiene como su centro a la persona humana, a la que debe dar el máximo de protección.

Al participar en el Foro de Análisis Implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, organizado por el MNPT y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), dio a conocer que, del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018, la CNDH registró 618 expedientes de queja por detenciones arbitrarias; 496 por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y 118 por tortura.

Acompañada en el presídium por Audrey Oliver Muralt, directora de Programas Regionales de la APT y quien inauguró el foro, señaló que Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz y Estado de México son las entidades federativas donde se reportaron el mayor número de quejas por esos motivos y concentran el 25% de las quejas por detenciones arbitrarias. Precisó que Reynosa y Nuevo Laredo son los municipios del país donde más veces ocurrió ese hecho violatorio.

Domínguez Leal dijo que la Policía Federal y la Secretaria de Marina son las autoridades más señaladas como presuntas responsables de detención arbitraria en dicho periodo, de acuerdo al número de quejas recibidas, mientras que en Veracruz y Oaxaca fueron las entidades donde se aplicaron más tratos crueles, así como los municipios de Tepic, Nayarit, y Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración las autoridades con mayor número de quejas por ese delito.

Explicó que en los 118 expedientes por tortura registrados las entidades donde hubo más casos fueron Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México, así como el municipio de Tijuana, Baja California, en tanto que la Policía Federal y la Procuraduría General de la República fueron las autoridades más señaladas como responsables de esos actos.

Por su parte, Audrey Oliver apuntó que el foro busca un enfoque práctico para evitar la tortura y malos tratos en el país, y detalló que una estrategia que siempre promueve la APT para erradicarla es tener un marco jurídico fuerte que corresponda a estándares internacionales, como ocurre con la Ley General en la materia. Añadió que la ley es buena, pero debe implementarse en la práctica de manera efectiva, por lo que un objetivo de este foro es mirar dónde estamos y a dónde queremos ir para que la ley no se quede en el papel. Añadió que otro obstáculo es el desconocimiento que las autoridades tienen de la ley, por lo que cada institución o sector involucrado debe promoverla y difundirla.

Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la promulgación de la Ley General en la materia fue apuesta importante del Estado mexicano en la lucha contra los tratos crueles e indignantes, además de que envió el mensaje de que esa práctica no debe tener cabida en el actuar de las autoridades mexicanas. Destacó como desafíos para la puesta en práctica de la ley que la mayoría de las entidades todavía no cuentan con una Fiscalía o Unidad Especializada para la investigación de ese delito, ni existe registro de los casos que ayuden a entender el problema y enfrentarlo.

El embajador Claude Heller, del Comité contra la Tortura de la ONU, indicó que ante la tendencia de algunos países de América Latina, entre ellos México, de dar mayor participación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el Mecanismo es poderosa herramienta de prevención y también es necesaria la voluntad política de las autoridades estatales; subrayó el importante papel de los medios de comunicación en esta labor, porque en países como Francia, Reino Unido y México un sector de la opinión pública acepta esa práctica como parte de la lucha contra el crimen y la inseguridad.

Este foro estuvo dirigido a personal del Poder Judicial, de las Fiscalías estatales, defensores públicos, Presidentes de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrantes de la sociedad civil y miembros del MNPT, en el cual se destacó el valioso intercambio de opiniones y se reconoció que, aun cuando se ha avanzado en la erradicación de la tortura, persisten retos.