Confían demandantes en reforma laboral ante Monreal
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio de 2016.- El senador Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que es urgente una legislación que establezca con claridad los instrumentos para combatir la otra cara de la corrupción, la de los empresarios que sobornan, corrompen o que incurren en materia de cohecho.
En el marco de la discusión del veto que realizó el presidente Enrique Peña Nieto a la Ley de Responsabilidades Administrativas, el senador de la República resaltó que este veto presidencial al artículo 32 puso en evidencia la premura y la forma lamentable con que se desahogan en ocasiones los temas que corresponden al Poder Legislativo.
Reconoció que la redacción de dicho artículo permitía una interpretación discrecional y, pese al veto, prevalecen los diferendos que existieron durante el debate: sobre el artículo 29 y la publicación de las declaraciones de los servidores públicos; y en el artículo 32 y los instrumentos de control y verificación de los beneficiarios de los contratos de obra o de infraestructura pública.
Calificó como urgente en avanzar en la modificación al marco legal a fin de establecer los controles de los cuales deben ser sujetos los beneficiarios de los contratos de obra y adquisiciones de los distintos órdenes de Gobierno.
“No basta con una promesa que ha hecho algún sector del Consejo Coordinador Empresarial, para emitir un código de ética -que ojalá se establezca y se cumpla-, pero los códigos de ética en el campo de la administración pública no tienen valor legal ni mecanismos de sanción a las actividades delictivas o las faltas administrativas que pudieran presentarse”, advirtió.
Reiteró la urgencia de una legislación que regule la participación de las empresas en los asuntos públicos dentro del país, pero también fuera, porque muchas empresas encubiertas, mediante mecanismos ilícitos, incurren en prácticas en demérito no solamente de la economía nacional.
Por otro lado, el también presidente de la comisión de Estudios Legislativos expresó que uno de los principales méritos del veto presidencial es que el Ejecutivo demuestra que se pueden revisar las leyes, “que las leyes no son de una vez y para siempre, y que se pueden reformar las reformas”.
“Qué bueno que pudiéramos hacer ya una revisión de la Reforma Educativa, y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios del país”, dijo.