Urgen en Senado castigar a quien realice construcciones irregulares

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2017.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ana Lilia Herrera Anzaldo, urgió a la Mesa Directiva dictaminar una iniciativa que presentó en 2015, la cual propone castigar con dos a 10 años de prisión, y de 300 a tres mil días de multa, a quien realice construcciones irregulares.

La excitativa a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos presiona aprobar la reforma del Código Penal Federal, en materia de gestión de riesgos, por construcciones sin la autorización debida, así como a los funcionarios que serían inhabilitados si autorizan edificaciones de forma anómala.

En conferencia de prensa, la Senadora del PRI fundamentó que los recientes sismos han evidenciado  todo tipo de irregularidades en construcciones nuevas que se colapsaron y que no cumplieron con las disposiciones en la materia.

La excitativa es un exhorto que realiza la Mesa Directiva a una o varias comisiones para que agilicen la presentación del dictamen sobre algún asunto legislativo que les fue turnado. Es motivada a partir de la petición de un legislador, grupo parlamentario o la colegisladora.

Herrera Anzaldo refirió que en menos de un mes, los dos fuertes sismos del 7S y 19S, ocasionaron la pérdida de cientos de vidas y la afectación de infraestructura en diversos estados de la República.

La legisladora del priista indicó que tres mil edificios en la Ciudad de México resultaron severamente dañados y se ha detectado que cuatro de ellos eran de reciente construcción, tres más fueron remodelados sin cumplir con la norma ni considerar los estándares requeridos para una zona lacustre de alta sismicidad.

Arremetió que empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se colapsaron o que fueron afectados por los sismos, tendrán que asumir las consecuencias, pues “es posible que no hayan cumplido con la normatividad vigente”.

“Necesitamos erradicar la omisión y corrupción en cada uno de los ámbitos de gobierno, pero también en lo que toca a las personas, porque necesitamos entender que es un servidor público el que otorga un permiso, el que no cumple con las revisiones correspondientes o es un particular el que no respeta las normas de construcción”, enfatizó.

La Presidenta del órgano de gobierno de la Cámara Alta dijo que el trabajo como legisladores obliga a no demorar más tiempo aquellas decisiones que pueden contribuir a que todos vivamos en un entorno mucho más seguro y de respeto por la ley.

“Hoy tenemos en nuestras manos la enorme responsabilidad de que sea la Ley la que inhiba las malas prácticas en materia de construcción y de desregularización de los asentamientos humanos”, expresó al subrayar que como legisladores queda pendiente sancionar a los funcionarios y a las constructoras que incumplan con la legislación en la materia.