Usan gobernadores tema de seguridad como botín político: Martí / Justicia / Noticias México – Quadratin DF

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo (Quadratín México).- Los gobernadores de los estados donde no se ha establecido la reforma de seguridad y justicia se oponen al bienestar de los mexicanos y lo usan como botín político, advirtió el presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí García. 

Al participar en el IV Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia, expuso que de las 32 entidades federativas, en 18 no se ha aplicado la reforma, a pesar de que ya se cumplió la mitad del plazo marcado en la Constitución. 

Comentó que los gobernadores que no han querido aplicarlas “tienen un ADN profundamente antidemocrático” y no se dan cuenta de que el país es otro. 

Debemos insistir en que el estado que guardan las instituciones de justicia, particularmente en ciertas entidades federativas, es sumamente preocupante. La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma”. 

“Y es que el problema real es que esos políticos son de miras muy cortas. No se han dado cuenta que los ciudadanos hemos cambiado y el país es otro”, subrayó 

Martí García dijo que no se trata de un problema de recursos económicos, porque existen fondos federales que tan sólo en el año ascendieron a 440 millones de pesos, y, por lo tanto, ese no puede ser el pretexto. 

Insistió en que “estamos a la mitad del plazo marcado por la Constitución para la implementación total de la reforma y sólo se ha hecho en tres estados, en ocho se ha aplicado de manera parcial, en cinco ya se aprobó el nuevo Código de Procedimientos Penales y en cuatro más se hará a partir del próximo año”. 

El empresario y activista explicó que se trata de una reforma penal que busca proteger los intereses de la mayoría de los mexicanos en lugar de cuidar a quienes quieren lastimar a la gente, como en ocasiones lo hacen algunos funcionarios corruptos. 

El presidente de la organización SOS reconoció los avances institucionales que han tenido algunas dependencias, como la Procuraduría General de la República (PGR) o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para aplicar el nuevo sistema. 

También llamó al Congreso de la Unión para que apruebe las reformas pendientes, como la Ley de Amparo y el nuevo Código de Procedimientos. 

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