CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2019.- Diputadas federales de Morena informaron que ya se encuentra lista la iniciativa con la que buscarán que se despenalice, a nivel federal, el aborto antes de las primeras 12 semanas de gestación; esperan que se dictamine en condiciones y en la tercera semana de octubre pueda subir al Pleno para su aprobación.

La iniciativa propone reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, donde también se busca reconocer el derecho a la autonomía reproductiva y establecer las condiciones en que una mujer podrá acceder a la suspensión del embarazo de manera libre, segura y gratuita, con apoyo de los servicios de salud del Estado.

En conferencia de prensa desde el recinto legislativo, las presidentas de las comisiones en San Lázaro, de Igualdad de Género, Wendy Briseño, y de Salud, Miroslava Sánchez, indicaron que la iniciativa se inscribirá formalmente este lunes para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva determinen su turno a comisiones.

Detallaron que la iniciativa se elaboró a partir de la propuesta presentada en octubre de 2018 por el entonces presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, misma que fue complementada con otras iniciativas y propuestas que surgieron en los 22 foros que se realizaron por todo el país.

El proyecto establece que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación no será considerada como aborto en la ley, y después de ese plazo se establecerán penas no privativas de libertad.

Asimismo, contempla prisión de tres a seis años a quienes hagan abortar a una mujer sin su consentimiento, y esta pena se eleva de seis a ocho años cuando exista violencia física o moral; y si además, es personal médico el que provoque el aborto sin consentimiento, también se les suspenderá de dos a cinco años para ejercer su profesión.

Mientras que, de acuerdo a la iniciativa, si la mujer se practica voluntariamente el aborto o permite que alguien más la haga abortar luego de las 12 semanas, ésta o quien lo haga, se les impondrá una sanción de tres a seis meses o de 100 a 300 días de trabajo comunitario, siempre que el aborto se haya consumado.

También se establece que se respetará la objeción de conciencia del personal médico que no quiera otorgar dichos servicios, sin embargo, las instituciones de salud públicas deberán contar con personal capacitado para brindar estos procedimientos. 

En tanto, la Secretaría de Salud deberá garantizar que haya personal suficiente para brindar consejería médica y legal a las mujeres que soliciten el servicio de interrupción legal del embarazo.

Las legisladoras señalaron que la iniciativa pugnará por el derecho a la libre autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo y en materia reproductiva.

Rechazaron que la propuesta promueva el aborto ni la utilización de ese procedimiento como método anticonceptivo, ya que el objetivo, dijeron, es reconocer la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre la maternidad y que el Estado cumpla la obligación de brindar atención en caso necesario.