Va PAN en el Senado por blindaje ante despido masivo de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero de 2019.- El PAN en el Senado de la República busca proteger los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública y fomentar la creación de empleos dignos.

Esto, ante los casos de despidos masivos que se han denunciado en dependencias gubernamentales, como en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o del Instituto Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que prevé el recorte de tres mil trabajadores en áreas administrativas y médicas, contratado bajo el régimen de honorarios o eventuales.

La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, solicitará un informe detallado del número de servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, y empresas productivas del Estado, por remuneración y nivel jerárquico, que han sido despedidos hasta este momento.

La intención es contar con datos precisos de la situación que enfrenta el personal de las instituciones públicas, a fin de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública.

La panista adelantó que presentará ante el Pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo con el propósito de contar con datos precisos de la situación que enfrenta el personal de las instituciones públicas.

Sobre los despidos masivos, comento que fueron “cometidos bajo presuntas violaciones a sus derechos laborales y sin que se detallara el número de plazas canceladas ni su nivel jerárquico”.

La senadora por el estado de Tlaxcala destacó que Acción Nacional apuesta por un sistema económico que genere igualdad de oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos, en la que se incentive una mejora constante en el nivel de vida de las personas y se respete la dignidad humana.

“Es necesario dar prioridad a la protección del ingreso de las familias mexicanas, y no se puede pretender aplicar una política disfrazada de austeridad presupuestal en perjuicio de las conquistas laborales”, subrayó. 

“Ante el reclamo y presiones de la sociedad, el Ejecutivo Federal se comprometió a realizar una revisión caso por caso, y respetar los derechos de los servidores públicos que han sido despedidos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer propuesta de solución a este conflicto”, criticó Hernández Ramos.