Van contra el dueño de Infraiber por posible evasión fiscal

CIUDAD de MÉXICO, 10 de octubre de 2016.- A solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al empresario Pedro Topete Vargas por una presunta evasión fiscal superior a los 7 millones de pesos.

Mediante oficio número 529-V-DGDF-0556/2016, el director de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal de la SCHP, Josué Miguel Contreras Saldívar, determinó la inexistencia del pago correspondiente al Impuesto Sobre la Renta del 2013, por parte del ex concesionario del tren Chiapas-Mayab.

En el escrito de querella presentado ante la titular de la PGR, Arely Gómez González, el funcionario federal afirma que la omisión de pago por parte de Topete Vargas ocasionó un daño al fisco por 7 millones 203 mil 600 pesos.

Fuentes de la PGR citadas por el periodista del diario la Crónica, Rogelio Varela, indican que las investigaciones en contra del también propietario de la empresa Infraiber, se integraron en la averiguación previa UEIDFF/FIS/M-1/202/2016 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.

La copia del oficio en la que Hacienda solicita proceder penalmente contra Topete Vargas señala que la dependencia encargada de la recaudación de impuestos realizó las compulsas correspondientes y determinó la inexistencia del pago que ahora se reclama.

En las investigaciones realizadas por personal de la Auditoría Fiscal Norte del Distrito Federal se determinó que Topete no sólo no pagó el impuesto sobre la renta sino que no presentó declaración anual por el ejercicio de su actividad fiscal, desde el año 2006.

La evasión fiscal, de acuerdo al expediente abierto en la PGR, se configura en el manejo de ingresos bancarios por más de 38 millones de pesos de la empresa Sinco Sistema Integral de Costos S.A. de C.V., de la que Topete es accionista mayoritario y en la que además, cobró durante 2013, el año revisado, alrededor de 2 millones 900 mil pesos en honorarios.

Cabe señalar que la PGR tiene otro expediente abierto en contra de este empresario que es accionista mayoritario de por lo menos 23 empresas en cinco entidades del país. Se trata una investigación iniciada a mediados de 2015 por la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, con el expedienteUEIORPIFAM/AP/134/2015.