Van senadores del PRI contra irregularidades de gobierno de Kiko Vega

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2017.- Ante las diversas irregularidades que se registran en los dos primeros años del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid en Baja California y los señalamientos de un presunto enriquecimiento ilícito durante su administración en el municipio de Tijuana, senadores del PRI solicitaron al Congreso estatal realizar una auditoría a los contratos asignados.

Al mandatario de extracción panista también se le relaciona con presuntos favoritismos en la asignación de contratos por parte del Gobierno bajacaliforniano.

Tal es el caso de la licitación pública para la construcción de un acueducto de 47.5 kilómetros para transportar agua desde la zona de pozo del Ejido Villa Hermosa, hasta el Ejido Choropo.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República refirió que la ganadora del concurso fue la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. (Urbaca), de la cual presumiblemente es socio Fernando Beltrán Rendón, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos panistas en el estado.

Además, sobre la construcción de esta obra que le costaría 300 millones de pesos, al momento de entregar y aprobar el proyecto a la empresa Urbaca, lo hicieron por un importe de 405 millones de pesos.

En su Reporte de Deuda Sub nacional del Segundo trimestre de 2016, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señala que la deuda total de Baja California es de más de 17 mil 500 millones de pesos, de los cuales 12 mil 666 millones corresponden al Gobierno estatal y representan un incremento de un mil 347 millones con respecto al año anterior.

Los priistas indicaron que la organización México ¿Cómo vamos?, en su Semáforo Estatal de Baja California, alerta en color rojo el nivel de deuda, pues es 3.7 por ciento del porcentaje del Producto Interno Bruto, mientras la media nacional es de 2.9 por ciento.

Agregaron el actual gobernador Vega de Lamadrid lejos de transparentar y rendir cuentas sobre su patrimonio, ha decidido no presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como tres de tres.

Por otro lado, desde que el panista Kiko Vega llegó al frente de la gubernatura de Baja California, el 1 de noviembre de 2013, la violencia en la entidad ha crecido cada año. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa de homicidios por cada cien habitantes era de 22.92, con 775 asesinatos.

Cuatro años más tarde, en 2016, se reportaron 180 asesinatos, es decir, una tasa de 33.38, colocando a la entidad como la tercera más violenta del país.

Los primeros cinco meses del este año no fueron la excepción. Los homicidios en ese periodo del año pasado fueron 36 asesinatos; en 2017, suman 169 homicidios.

En el ranking elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de las localidades con mayor incidencia de homicidios, secuestro y extorsión, Playas de Rosarito se encuentra en el lugar nueve de los 10 municipios con alto índice de delitos de alto impacto.