Vargas desconoce destitución y legalidad de nueva presidencia en TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto de 2021.- Mediante un mensaje a medios, José Luis Vargas desconoció su destitución como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avalaron cinco de los siete magistrados y llamó al diálogo a los inconformes, afirmando que con albazos no se solventan las diferencias.

“La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo y, de no ser el caso, con el respeto irrestricto a las normas que regulan nuestra función (…). Los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias.

“Como presidente en funciones, convocaré el día de mañana a una sesión privada para discutir el citado punto propuesto de la orden del día”, afirmó.

Tras concluir la sesión pública citada por la presidenta por ministerio de ley, Janine Otálora, quien, de acuerdo a la Constitución podía fungir esta figura ya que el presidente José Luis Vargas suspendió la sesión de forma unilateral y se negó a reanudarla, el mismo Vargas desestimó esta reunión argumentando que era “nula de pleno derecho”, así como su destitución y nombramiento del magistrado Reyes Rodríguez.

Argumentó que conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la elección de la presidencia del Tribunal es por un periodo fijo y el Pleno de la Sala Superior no tiene la facultad para revocarlo o destituirlo, por lo que solo puede dejar el cargo hasta que cumpla su período de cuatro años, que en el caso de Vargas se cumplen en noviembre de 2023.

Vargas señaló que la solicitud hecha para evaluar su desempeño, dentro del orden del día de la sesión de este miércoles, no corresponde a la naturaleza de las sesiones públicas, pues sostuvo que los asuntos administrativos y de gobierno interno no son materia de dichas sesiones.

Sostuvo que someter la evaluación de su administración, no corresponde a las atribuciones del Pleno de la Sala Superior, ya que la rendición de cuentas se hace anualmente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

“Señora y señores magistrados, los conmino a respetar el orden legal, a respetar a nuestras instituciones democráticas, a un diálogo franco y abierto, a honrar su compromiso con la Constitución y las leyes que de ella emanan, y sobre todo a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral; es lo menos que le debemos a la sociedad mexicana”, señaló.

Añadió que “la convocatoria hecha por la magistrada Janine Otálora y la actuación como secretario General de Acuerdos por parte del abogado Rodrigo Sánchez, nombrado en dicha sesión, constituyen el ejercicio ilícito de funciones”.

Fue en la sesión pública de las 13 horas cuando el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, apegado a derecho y las reglas que rigen la participación de los magistrados, solicitó que en el orden del día se incluyera un punto para analizar el desempeño de José Luis Vargas en la presidencia del Tribunal, lo que no fue permitido por este último, al señalar que se trataba de un asunto de índole distinta no previsto y no circulado previamente como lo establece la ley.

Sin embargo, la solicitud de de la Mata Pizaña fue respaldada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante, Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, lo que llevó a que Vargas decidiera suspender la sesión, que luego se reanudó bajo la figura de la presidencia por ministerio de ley.