Ven IMCO y CIDE contradicciones en reforma a telecomunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril 2013 (Quadratín México).- Especialistas y académicos del IMCO y del CIDE dieron la bienvenida a la reforma en materia de telecomunicaciones, pero señalaron algunos puntos que podrían implicar mandatos contradictorios o rígidos en un sector caracterizado por el rápido cambio tecnológico.

Representantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) opinaron que la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México constituye un paso importante para impulsar el desarrollo de estos sectores.

“Es una acción gubernamental largamente esperada y creemos que ha abordado en el sentido correcto los principales problemas que los aquejan y su aprobación será bienvenida”, agregaron en un comunicado conjunto suscrito a título personal por 13 miembros de ambas instituciones.

“Como ciudadanos y académicos dedicados al estudio de estos temas, creemos que es nuestra labor contribuir a la discusión de esta iniciativa para que la Reforma Constitucional no encuentre obstáculos o vacíos en su implementación”, manifestaron.

Su objetivo, precisaron, es señalar puntos específicos que, sin contravenir el espíritu de la propuesta, puedan implicar mandatos contradictorios o rígidos en un sector caracterizado por el rápido cambio tecnológico.

Estimaron que elevar numerosas normas al grado constitucional las fortalece y obliga su seguimiento sin reglamentación adicional, pero “presenta el riesgo de generar rigidez en sectores en los que la autoridad necesita flexibilidad para enfrentar la innovación tecnológica”.

Por ello, consideraron importante mantener diversos mandatos lo suficientemente abiertos para que no impidan que futuras decisiones estén atadas a la situación presente.

Los especialistas del IMCO y del CIDE consideraron además que debe esclarecerse el papel del Estado en la construcción y operación de las nuevas redes de transporte y de banda ancha móvil, ya que los recursos escasos deben priorizarse para la cobertura social, no para competir con el capital privado.

Al respecto, expusieron que el asignar constitucionalmente los recursos de la fibra óptica de la CFE y del espectro de la banda de 700 MHz a Telecomunicaciones de México, una empresa paraestatal con escasa experiencia en esta materia, generará una empresa verticalmente integrada y dificultará que se invierta eficientemente.

Por otra parte, estimaron que la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órgano autónomo constitucional podría minar la capacidad de articular una estrategia integral digital con agencias del Ejecutivo, en particular con la SCT o la SEP.

Asimismo, agregaron, la iniciativa menciona que en términos de la asignación y uso que se haga del espectro, el Ifetel debe ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo, lo que es contradictorio con el mandato de autonomía constitucional.

Por ello convendría establecer los mecanismos que aseguren una adecuada coordinación entre el Ejecutivo y el Ifetel, apuntaron.

Advirtieron que el reasignar todas las facultades de competencia económica a un órgano regulador sectorial puede crear contradicciones en el ejercicio de funciones del nuevo órgano de competencia: la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE).

Expusieron que la naturaleza de la regulación del Ifetel y la de una agencia de competencia son distintas, pues las declaratorias de dominancia son funciones de regulación “ex ante” que pudiera realizar el Ifetel con una opinión por parte de la CFCE.

Pero las facultades de regulación “ex post”, tales como concentraciones e investigaciones en prácticas monopólicas, no deberían estar con el Ifetel, acotaron ambas instituciones en el documento.

Además, apuntaron, la reforma no contempla formas en las que debe coordinarse el órgano sectorial con la nueva agencia de competencia, salvo a través del Poder Judicial.

Ante ello, opinaron que la determinación de un juzgado especializado, mucho tiempo después, que le dé deferencia a un regulador sobre otro, no es expedito ni eficiente.

Por otra parte, señalaron que la determinación de preponderancia con una participación de mercado del 50 por ciento, aunque expedita el proceso de determinación de dominancia, puede crear conflictos con el análisis de poder sustancial que la Ley de Competencia Económica requiere para el análisis de concentraciones y prácticas monopólicas relativas.

“Existe ya en el artículo 13 de dicha ley el conjunto de criterios técnicos adecuados para la determinación de dominancia en cualquier sector de la actividad económica. No creemos necesario que telecomunicaciones sea exceptuado de esta ley general, ni que esto sea parte de un articulado constitucional”, plantearon.

Consideraron que deben revisarse los lineamientos para ser candidato a comisionado, ya que impedir que ciudadanos con experiencia previa en el sector haría muy proclive a la designación de comisionados con poca experiencia en el tema.

Expresaron que creen en la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto están a favor de la publicación de los acuerdos y resoluciones del Pleno, pero consideran que no es adecuado que las sesiones sean públicas porque en éstas se mencionan y trabajan con datos financieros y operacionales confidenciales de las empresas.

Existen opciones intermedias, por ejemplo, que sean públicas las agendas a tratar y que hayan transcripciones escritas de las sesiones con la información confidencial eliminada, añadieron los especialistas y académicos del CIDE.

Plantearon que también deben revisarse las condiciones de comunicación e interacción entre el órgano regulador y las entidades reguladas.

En un sector con cambios tecnológicos constantes, el conocimiento está en empresas y proveedores de tecnología; el eliminar este contacto resultará en que los comisionados estén constantemente desactualizados, consideraron.

“Reiteramos que nuestro objetivo con estas observaciones es señalar aspectos de la reforma que permitirán una implementación más fluida y armoniosa de los eventuales mandatos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, aclararon.

Por parte del IMCO, el comunicado está firmado por su director general, Juan E. Pardinas, y la directora de Proyectos de Buen Gobierno, Jana Palacios.

Por parte del CIDE, están su director general, Sergio López Ayllon, y los profesores investigadores titulares María Amparo Casar, José Caballero, Javier Cruz Angulo, Alexander Elbittar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Miriam Grunstein y José Roldán Xopa, y la profesora invitada, Elisa Mariscal.

Asimismo, por parte del Programa CIDE-Telecom, están su directora, Judith Mariscal, y el profesor asociado, Ernesto Flores-Roux.

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