Ver para creer/Julio Santoyo Guerrero

Los recortes presupuestarios que en el pasado se llegaron a imponer al sector educativo siempre fueron motivo de crudo reproche social. Levantar la bandera de la defensa de la educación pública siempre fue una constante que le permitió a la izquierda mexicana atraer las simpatías de la sociedad. Incluso los programas que para ese propósito se aprobaban pasaban por un exigentísimo escrutinio que en muchos casos terminaban rechazados por considerarlos, lo fueran o no, como privatizadores, neoliberales y más.

Por eso resulta atípico y extraño que esas expresiones de izquierda, antes recalcitrantes y demandantes, estén guardando silencio ante el durísimo golpe que el gobierno de la república le está propinando a la educación especial y en general a la educación básica. Como ya es sabido, en el presupuesto 2020 la atención educativa a este grupo vulnerable se desploma de manera extrema. Mientras en 2019  se asignaron 289 millones 308 mil 047 pesos, para el 2020 se gastarán 208 millones 632 mil 066 pesos, es decir, 28 % menos que el programado por la impresentable administración peñista, catalogada de neoliberal, castigadora y enemiga de la educación pública.

También resulta muy extraño que esas expresiones no hayan condenado la decisión central de otorgar un presupuesto mucho mayor a la promoción en la escuelas de algunos deportes, entre ellos el beisbol, muy por arriba del asignado a la educación especial: 904 millones 351 mil 152 pesos; o que no hayan movido una pestaña ante el anuncio de que el gobierno federal invertirá recursos en apoyar el sistema Teletón -privado-, para la atención a personas que lo requieran. Con en esta noticia ¡antes de la caída del neoliberalismo, habría ardido Roma!  

Los sindicatos de educadores, en las décadas pasadas, hasta antes de que se inauguraran los días del fin del neoliberalismo, habían defendido con dientes y uñas la idea de un presupuesto suficiente para la educación especial y desde luego también para la educación básica. Las medidas de expresión extrema fueron conocidas por toda la población. Y habrá que decirlo, en gran medida contribuyeron para que la educación especial fuera considerada en la importancia que juega en una sociedad inclusiva.

Los recursos para infraestructura en educación básica, no obstante el crecimiento permanente de este sector y la reforma constitucional al artículo tercero promovida por el partido gobernante para privilegiar este nivel educativo, cayeron en un 47.2%. El presupuesto entonces no refleja los conceptos introducidos en la ley. Y si a eso agregamos que los dineros que se destinarán a las becas «Benito Juárez» antes Prospera, para el mismo nivel, han sido recortados en un 28.4%, nos queda un panorama poco alentador, propiciado contradictoriamente, no por un gobierno neoliberal sino por uno que es «todo lo contrario».

¡Ver para creer!, ni un desplegado, ninguna condena, solamente silencio ante un golpe frontal a la educación básica y contra la educación especial. ¿Querrá decir, entonces, que los autores de la protesta no eran genuinos, que sólo enarbolaban la demanda como un medio para otros propósitos políticos? Porque si hubieran sido sinceros y congruentes hoy estarían convocando a  la resistencia, denunciando los recortes presupuestarios y reivindicando alguna vía política para que el gobierno federal modificara los presupuestos.

Estamos entonces frente a una izquierda oficializada que asume que ya comparte el poder, que forma parte de él, y que debe asumir la disciplina de la unanimidad para establecer un nuevo modelo de gobernabilidad. Esto ha sido resultado de una virtud, la habilidad del Ejecutivo Federal para involucrar pragmáticamente a todas las corrientes del sindicalismo educativo dentro de su perspectiva de gobierno. Ha sabido interpretar muy bien los valores de la cultura clientelar y corporativa que le han dado históricamente funcionalidad al sindicalismo magisterial.

Pero no por ello las consecuencias adversas de un presupuesto reducido para la educación básica y la educación especial van a dejar de hacer daño. Los recortes presupuestales en el sector van a precarizar las condiciones de estudio y laborales de alumnos y maestros y van mermar las posibilidades de la mejora educativa. De por sí México, de acuerdo a los indicadores de la OCDE, hemos venido retrocediendo, justo todo lo contrario de lo que se ha propuesto nuestro presidente.

Con seguridad habrá otros actores, tanto dentro del sector educativo como entre la sociedad civil, que enarbolen la bandera de la defensa de la educación pública y la educación especial en la época del no neoliberalismo. Parece ser que la oficialización de la oposición educativa ha debido suponer el descafeinamiento de los viejos reclamos por una mejor educación.