Vertidos de aguas residuales urbanas, amenaza del mar

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril de 2019.- La contaminación del mar comienza en las costas. Una de las grandes amenazas a las que se enfrentan las playas mexicanas son los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar que se producen minuto a minuto.

En México solo se trata el 40.2 por ciento de las aguas residuales y las autoridades hacen muy poco para incrementar este porcentaje, según el documento NMX-120 Playa limpia sustentable, de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cada segundo se vierte a las cuencas 124 mil litros de aguas sin tratar. La principal causa de la contaminación de las playas mexicanas es el drenaje que vierte sus aguas negras directamente al mar.

Las plantas de tratamiento del país son insuficientes y varias de ellas funcionan mal: de las mil 481 existentes, 178 están inactivas.

Veracruz es el estado costero que mayor volumen de aguas negras vierte, arroja más de 15 mil litros cada segundo.

De los 154 municipios con costa en el país, únicamente la mitad cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras.

Sin embargo, de los 77 municipios que sí cuentan con infraestructura para el saneamiento de aguas, una parte no funciona al 100 por ciento de su capacidad y otra parte tiene una capacidad menor a la necesaria. En contraparte, estados costeros como Campeche y Yucatán tratan apenas 1.9 y 4.4 por ciento de sus aguas residuales, respectivamente.

En Veracruz, Jalisco y Campeche se ubican las playas más contaminadas del país. El vertido de aguas negras a las costas afecta directamente a casi tres millones de personas que viven en municipios costeros. A esta cifra se deben agregar los turistas que visitan las playas.

Corresponde a la Secretaría de Salud conducir la política nacional en materia salubridad general con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente.

Adicional a lo anterior, actuar como autoridad sanitaria de salubridad general, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General. Además, conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los servicios de salud para las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud; y promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades.