
Cae presunta banda que enviaba bolsas con explosivos en Papantla
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de abril de 2021.- Un juez de control vinculó a proceso a Alexis un hombre, acusado de los delitos contra la intimidad sexual simple y extorsión simple, en grado de tentativa.
El joven fue detenido durante una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Calle 13-1, colonia Residencial Pensiones, en el municipio de Mérida, quien tenía una orden de aprehensión en la capital del país señalado por delitos en torno a la Ley Olimpia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, luego de que se calificó de legal el aseguramiento, el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, formuló la imputación contra el individuo; tras analizar las pruebas presentadas el juzgador determinó llevarlo a juicio.
El juez, asimismo, le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la indagatoria integrada por la FGJCDMX, el hoy imputado posiblemente exigió a la víctima la entrega de dinero o una prenda interior, a cambio de no publicar sus fotos y vídeos íntimos, por lo que el representante social de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro solicitó y obtuvo el mandamiento judicial que fue cumplimentado en el estado de Yucatán.
Se trata del primer detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en atención y cumplimiento a la Ley Olimpia, la cual se publicó el 22 de enero de 2020, y que son un conjunto de reformas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar penalmente a las personas que divulguen videos, fotografías o cualquier otro material, que violen la intimidad sexual y privacidad de las personas.
A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.