Asesinan al presidente del Patronato de la feria de Chilpancingo
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre de 2019.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de una Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, auto de vinculación a proceso en contra de una mujer, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en contra de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien se desempeñaba como Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 17 de octubre de 2016 un juez federal fue privado de la vida en la colonia Llano Grande, municipio de Metepec, Estado de México.
El hecho sucedió por la mañana en el fraccionamiento Árbol de la Vida, cuando el servidor público realizaba ejercicio en la calle. En videos de seguridad se observa cuando un sujeto se acerca al juez para dispararle.
Derivado de lo anterior y luego de tres años de ocurrido el hecho, la Fiscalía General de la República retomó las investigaciones, con aportaciones de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Centro Nacional de Información.
Tras cumplimentar una orden de aprehensión en contra de la probable participante, el MPF solicitó audiencia inicial en la que los fiscales presentaron los datos de prueba que constan en la carpeta investigación y formularon la imputación correspondiente, tras sustentar sus argumentos en testimoniales, reconocimientos de personas, informes de investigación, videograbaciones y diversos peritajes.
La Juez de Control dictó auto vinculación a proceso en contra de Marisol M, a quien le fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un término de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.
La hoy imputada quedó interna en el Centro de Reinserción Social Santiaguito ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
De igual forma, se determinó la inmovilización de sus cuentas bancarias por 60 días naturales.