Camioneta lo derriba en moto al parecer robada poco antes
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre (Quadratín México).-El desplazamiento forzado por la violencia, en especial provocada por el narcotráfico, es una de las más graves realidades en México, donde suman 230 mil personas que han migrado a zonas consideradas de menor riesgo.
Así lo reveló el diputado perredista Israel Moreno Rivera, integrante de las comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Metropolitano, al exponer la necesidad de que el Estado restituya los derechos, y garantice atención y seguridad, a las personas desplazadas de sus lugares de residencia por la violencia.
“El desplazamiento forzado es una realidad en México, el fenómeno migratorio ya no se hace (sólo) por mejorar las condiciones de vida, sino por ´sobrevivir… La lucha contra el narcotráfico ha elevado significativamente el número de migrantes” internos, insistió el legislador.
Tan sólo en este año, agregó, acorde a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en lo que va del año se estima que 24 mil 500 personas abandonaron su lugar de residencia debido a las actividades criminales.
Tan sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, subrayó el legislador, hay un decremento de su población así como de su actividad económica, debido a que por los altos índices de criminalidad han huido a Estados Unidos o se desplazaron a Coahuila, Durango y Veracruz.
El diputado perredista propuso establecer en la Constitución la responsabilidad del Estado para garantizar la atención, seguridad, y restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente.
“Han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de las situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o bien las que han sido provocadas por el ser humano”, señaló.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a los desplazados internos como: “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado.
“De situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
La iniciativa que presentó el diputado Moreno Rivera adiciona un último párrafo al artículo 4o. constitucional para quedar como sigue:
“Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente de su lugar de residencia, para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la federación, las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias”.
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