Política de seguridad ha debilitado proyecto de desarrollo nacional: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, 3 abril, (Quadratín México).- En “numerosas” regiones del país la violencia ha tomado dimensiones y formas sin precedentes, alertó el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González.

La violencia no sólo ha generado una multiplicación de preocupaciones y cuestionamientos sobre la política de seguridad, sino que incluso ha llegado a debilitar los proyectos de desarrollo nacional, estimó.

En el marco de la inauguración de las mesas de trabajo “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dijo que en esta área (de seguridad) vemos muchas y graves amenazas para nuestra sociedad, pero también oportunidades. La violencia ha tomado en numerosas regiones del País dimensiones y formas nunca antes vistas.

En el Palacio de Minería, González dijo que no en pocos casos la preeminencia de una política pública de carácter más reactivo que preventivo ha ocasionado que las prácticas institucionales no se adecuen al marco constitucional de seguridad y de derechos humanos.

“Las acciones de los aparatos de seguridad y justicia muchas veces producen más problemas en tanto no se alinean con la atención con las causas profundas de la inseguridad, la violencia y la delincuencia”, expresó.

“Cualquier acción de Estado que tienda a vulnerarlos (derechos humanos) es en sí misma contraria a los fines de la seguridad y la justicia en democracia”.

Tras llamar a retomar la propuesta de la UNAM denominada “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, el abogado general planteó que las políticas de seguridad y justicia se sustenten en la primacía del régimen constitucional de los derechos humanos.

También en la orientación a la seguridad humana, racionalización del uso de la fuerza, fortalecimiento del liderazgo civil, primacía de la prevención sobre el control, integralidad, enfoque funcional y transversal, coordinación y subsidiaridad, transparencia y rendición de cuentas, entre otras.

Durante el evento, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que el reto de la seguridad y la justicia es extraordinario pues la actual crisis tiene raíces profundas.

“Tenemos que reconocer que el reto que tenemos como sociedad es un reto extraordinario porque la crisis de seguridad que estamos viviendo es una crisis que tiene raíces profundas. Creímos por mucho tiempo que podíamos ser un país de paso, con problemas de delincuencia acotados, controlados”, dijo.

“Creímos por mucho tiempo que eran sostenibles ciudades como unidades que crecieron de manera desordenada, cobijando desigualdades e injusticias, tolerando o incluso celebrando drogas”.

Campa sostuvo que sólo es posible resolver de fondo estos problemas si el País en su conjunto es capaz de cambiar las condiciones actuales, tarea que definió como titánica.

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