Violencia no reducirá la violencia: Ombudsman

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2018.- El recurso en principio extraordinario y temporal de recurrir a las Fuerzas Armadas como apoyo en tareas vinculadas a la seguridad de las personas ha ocasionado, en los hechos, un abandono de las policías, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En el informe de fiscalización de la cuenta pública 2014, informó que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) crecieron casi en 400 por ciento entre 2007 y 2014, mientras el número de militares desplegados en promedio creció casi 70 por ciento entre 2013 y 2017.

Durante este mismo periodo, la formación profesional real y verificable de policías civiles, así como la dotación de recursos y la generación de capacidades que les permitan hacer frente a las organizaciones criminales no presentó esas tasas de crecimiento o desarrollo, señaló en su participación durante la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado centrada en los Derechos Humanos.

Sobre el gasto federal en seguridad entre 2006 y 2016, refirió que pasó aproximadamente de 130 mil millones de pesos a alrededor 264 mil millones. Es decir, se duplicó en términos reales en este periodo, lo cual incluso representa un ritmo de crecimiento mayor al del gasto neto y al de la economía en su conjunto. El PIB creció 23 por ciento durante este periodo.

Si se suman los recursos que desde 1996 se han erogado, se había superado el millón de millones de pesos en un ámbito en el que los resultados están lejos de ser, cuando menos, aceptables, reprobó.

Lo anterior, afirmó que es un indicador claro de que las situación de inseguridad pública que hoy se sufre, no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no se han tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir los delitos.

Más allá de lo que se sostenga en el ámbito discursos, en la Segunda Conferencia Internacional llevada a cabo en la Antigua Escuela de Jusrisprudencia, el titular de la CNDH criticó que las estrategias de seguridad continúan teniendo un carácter eminentemente reactivo, dejando a un lado la prevención.

Deja constancia de ello, el hecho de que el programa de prevención mereció sólo el uno por ciento del presupuesto del Ejecutivo federal en 2016 y para 2017 se canceló completamente la asignación.

Apostar al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que propician y generan la inseguridad y la violencia, así como a la creación de una ciudadanía responsable y de una sólida cultural de la legalidad y de los derechos humanos, indicó que ha demostrado ser una inversión poco redituable que tiene un costo altísimo para todos.

“La violencia no reducirá la violencia”, expresó al referir que en México la inversión en prevención es insuficiente y crece más el gasto en medidas de control y uso de la fuerza; un desequilibro al que aseguró que provoca entre otros factores que los resultados no sean los esperados.

Detrás de estos datos, subrayó que involucra tanto a las autoridades como a la propia sociedad, pues el cumplimiento de la ley “empieza y se consolida las acciones diarias de cada persona”, sin embargo, es preciso que la ciudadanía constate con el ejemplo que den las autoridades.

“Que la ley deje ser objeto de negociación para cumplirse y aplicarse en sus términos y no discrecionalmente. La corrupción se reprueba, persigue y castiga dejando de ser una práctica redituable para quien la lleva a cabo”, dijo al enfatizar que no es una cultura es una costumbre que se debe cambiar y erradicar de México.