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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero de 2017.- En el marco de la discusión de la iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto entregó al Congreso de la Unión, “la satisfacción del derecho a la educación de menores de edad y adolescentes migrantes en retorno a nuestro país plantea grandes desafíos.
“Quizá superiores a los que afronta el sistema para atender a quienes viven en el país, por la existencia de múltiples trabas burocráticas para su inserción en la escuela y la carencia de estrategias del sistema para su recepción e inclusión, eso sin contar las condiciones de emergencia en las que pueden arribar al país”.
Así lo establece el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en el estudio denominado Atención educativa para los dreamers en retorno, en el que establece que este problema es histórico, pero –advirtió– puede agravarse debido a la política anti inmigrante de Donald Trump.
Al estudiar la iniciativa preferente presentada por el Presidente de la República reconoció la pertinencia de fortalecer la base legal para contar con normas más justas y flexibles, pero –adelantó– la inserción escolar es solamente el primer paso, el reto mayor es crear condiciones institucionales y programas sociales para garantizarles una buena experiencia escolar.
De igual manera, reconoció que las familias de menores de edad así como de los adolescentes migrantes en retorno han enfrentado durante décadas la dificultad de cumplir con los excesivos requisitos y trabas burocráticas para que los estudios que ellos realizaron en otro país sean válidos en México.
Sin embargo, reconoció que en 2000 y luego en 2015 se avanzó en la simplificación de requisitos para la educación básica y media superior, pero se mantuvo la exigencia de documentos de identidad y escolares para ejercer el derecho a la educación que corresponde a cada persona por el simple hecho de serlo.
En educación superior, en cambio, ni siquiera se tienen los avances que se alcanzaron en la revalidación de la educación básica y media.
Pese a estos avances no se ha logrado instalar un mecanismo normativo justo y ágil que permita el reconocimiento y la revalidación de estudios en los distintos niveles educativos.
Inclusive –reconoció– para los estudiantes residentes en México, tanto en educación media como en educación superior, la movilidad interinstitucional —que supone equivalencia o revalidación— sigue siendo muy difícil.
Política migratoria estadounidense
El documento expedido por el Senado de la República, en poder de Quadratín México revela que la política actual hacia los migrantes por parte del gobierno estadounidense obliga a establecer medidas emergentes para un fenómeno de dimensión difícil de calcular, aunque sí se sabe que se trata de una situación que se enfrentará en mayor o menor medida en todas las entidades de nuestro país.
La iniciativa preferente es positiva y puede contribuir a facilitar la inserción de los estudiantes en las escuelas mexicanas. Pero el reto técnico subsiguiente es grande. “Las modificaciones en las normas realizadas con el propósito de agilizar los trámites son, en general, desconocidas o desatendidas en los diferentes niveles del sistema”, reconoce.
Cabe recordar que en el marco de la política de los Estados Unidos en el tema de migración, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, propuso una estrategia para facilitar que jóvenes estudiantes migrantes en retorno, revaliden sus estudios e ingresen a esa institución.
Entre las acciones sobresalen:
En el mismo sentido la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior anunció el programa PUENTES.
En tanto que La Universidad Iberoamericana anunció el 10 de febrero de 2017 que esa institución otorgará 1,500 becas de hasta el 100 por ciento a estudiantes migrantes en retorno. La medida aplica en todas las sedes de esa institución.
Las normas han sido insuficientes
Sin embargo reconoce que en todo caso, las modificaciones normativas realizadas hasta ahora han sido claramente insuficientes.
Advierte que los nuevos ajustes deberán dar margen a las autoridades educativas para la atención de una amplia variedad de situaciones (niños nacidos en México o en Estados Unidos, niños migrantes que retornan solos, etcétera) e incluso para que, de ser el caso, los estudiantes puedan regresar a Estados Unidos y revalidar los estudios realizados en México.
Reconoce que es necesario tomar las medidas necesarias para dar cabida a quienes retornen o, en el caso de los nacidos en el extranjero, ingresen por primera vez al país.
En los niveles medio superior y superior la atención a la población migrante en retorno no debe significar la disminución o cancelación de oportunidades para los jóvenes mexicanos residentes en el país.
Asimismo, advierte que La flexibilización de la normatividad no debería ser un estímulo para la concentración de la demanda en las opciones particulares, lo que requiere hacer más accesibles las instancias públicas de revalidación y fortalecer el sistema público en conjunto.
En educación superior resulta especialmente valiosa la iniciativa de la UNAM, pues puede encabezar la reforma de las universidades autónomas para dar cabida a los jóvenes en retorno.
El derecho a la educación de calidad no se limita al acceso a la escuela. Es indispensable definir y poner en marcha políticas que contribuyan a crear mejores condiciones de escolarización para la población migrante en retorno.
El ejemplo del estado de Chihuahua es muy útil en ese sentido: en la educación básica las niñas, niños y adolescentes son recibidos en escuelas seleccionadas, que funcionan como “concentradoras”, y posteriormente los trasladan a escuelas regulares; mientras permanecen en las escuelas concentradoras los estudiantes reciben apoyo para uniformes, transporte y, si es necesario, albergue.
En educación media superior y superior también los concentran en planteles seleccionados. Los estudiantes y maestros de las escuelas concentradoras tienen acceso a diferentes programas, como aprendizaje del castellano y del inglés, y también se realiza trabajo con los padres de familia.
Finalmente, señala que otra cuestión por resolver será la definición de las equivalencias, pues son distintos los sistemas de acreditación de las profesiones en Estados Unidos y en México. “Mientras allá los estudiantes eligen libremente un porcentaje alto de asignaturas y pueden tener salidas intermedias (minor), en México se mantiene —en la mayoría de las carreras— un porcentaje alto de asignaturas obligatorias”.