Visión financiera

Llama Presidenta a vigilar licitaciones en el IMSS y de Sedena con G Falcón

Durante la mañanera de ayer se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una red de funcionarios del IMSS, como en Birmex, que están interesados en dar licitaciones a un solo grupo y que Grupo Falcon –que fue desautorizado e inhabilitado por el ex Presidente Andrés Manuel–, sigue apareciendo en otras licitaciones y le siguen dando contratos ahora en Sedena.

En su respuesta la Jefa del Ejecutivo solicitó a la titular de la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro que investigue lo que está sucediendo en el IMSS con las licitaciones de servicios de laboratorio, así como los contratos que se están dando a Grupo Falcón.

“Primero habría que investigar. ¿Verdad? Entonces a ver si nos pasan los datos que investigue la Secretaría Anticorrupción y también, para que el IMSS pueda informar”, precisó la Mandataria.

Se ha denunciado por varias vías, que funcionarios del IMSS siguen otorgando licitaciones a modo. A través de una  circular interna se ordenó en el Instituto adjudicar a ciertas empresas como CBH  Especialistas en Innovación Medica, que se vincula con otras empresas como Vitalmex.

Estas empresas  pertenecen al mismo grupo de personas, vinculadas a Adrián Cervantes y Samantha Bárcenas, y han obtenido las licitaciones a modo, al cobijo de la  Dirección de Administración del IMSS a cargo de Borsalino González y de la Unidad de Adquisiciones, a cargo de Fernando Lorenzana en conjunto con Susana Negrone, quienes establecen las condiciones de los contratos

En el mismo tenor, pero en la Sedena, también se compraron reactivos para laboratorio, y ahí, la empresa Ve mas Sapi, se adjudicó en conjunto con Instrumentos y Equipos Falcon y Laboratorio Tadeo, un contrato que les dejó un margen de ganancia de 70 millones de pesos.

Qué está pasando en el sector salud? nos preguntamos. Sobre todo porque Equipos Falcón sigue siendo proveedor, cuando debería estar inhabilitado por prácticas monopólicas De hecho fue inhabilitado por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En esa misma mañanera, la Presidenta se  refirió a la compras consolidadas de medicamentos que el gobierno está haciendo para todo el sector Salud, a través de Birmex, y destacó que está práctica permite una mayor vigilancia de todo el proceso para atender cualquier denuncia y evitar malas prácticas.

“Raquel Buenrostro está haciendo un excelente trabajo, la verdad, y está vigilando en todas las áreas del Gobierno y que las cosas se hagan bien”, resumió la presidenta Sheinbaum.

*** Regulación de las motocicletas ha llegado

El avance hacia una regulación nacional para motocicletas en México no es una simple promesa, sino una realidad cada vez más cercana. La necesidad de ordenar y regular este sector se ha vuelto urgente, ante una alarmante alza en la siniestralidad de motociclistas.

Las muertes por accidentes viales con motocicletas han aumentado significativamente en los últimos 10 años, representando entre el 30 por ciento y el 35 por ciento de las muertes en hechos de tránsito, según el Inegi de Graciela Márquez Colín; la Secretaría de Salud, que lleva David Kershenobich y la Agencia Nacional de Seguridad Via, de Pedro Scarpinellil.

Con más de una de cada tres muertes relacionadas con motocicletas, la situación ya no puede ser ignorada. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto el foco en la necesidad urgente de establecer reglas claras y una regulación técnica que aborde este grave problema de seguridad vial.

Afortunadamente, ya no se parte de cero. La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), encabezada por Ricardo Serrano Rangel, ha tomado cartas en el asunto para trabajar junto con autoridades estatales y municipales desde 2024 en diagnósticos y propuestas dirigidas a reducir las muertes y las lesiones graves entre los motociclistas.

En alianza con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México), se han identificado las deficiencias en la regulación actual y se han planteado estrategias que, de ser implementadas, podrían reducir significativamente los accidentes y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, la realidad es que México carece de una norma técnica integral que regule de manera adecuada los aspectos más críticos relacionados con las motocicletas, como la seguridad vial y las emisiones contaminantes, a diferencia de lo que ocurre con los automóviles y el transporte pesado.

Este vacío normativo deja a los motociclistas expuestos a un sistema de movilidad desordenado, donde la falta de estándares mínimos puede resultar en tragedias. La propuesta de AMAM, que va tomando forma, busca precisamente cerrar este hueco, alentar la conducción responsable y crear una infraestructura vial que permita a los motociclistas transitar con mayores garantías de seguridad.

El marco regulatorio propuesto, que coordinaría esfuerzos entre la federación, los estados, los municipios y el sector privado, no es un obstáculo para la movilidad; es, más bien, una oportunidad para mejorarla. La intención es clara: crear un entorno donde las motocicletas puedan circular de manera más segura, con vehículos que cumplan con estándares internacionales. Regular, lejos de ser un freno, representa una manera de proteger vidas.

Con la disposición de AMAM para trabajar de la mano con los equipos de los secretarios Marcelo Ebrard, Edna Vega y Jesús Esteva, y el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el momento de actuar no ha sido más propicio. Lo que está en juego es mucho más que una medida técnica: es la posibilidad de sentar las bases de un nuevo paradigma en la política pública de movilidad en México.

*** Una familia se reparte Tultitlán

TOME NOTA *** La transferencia de poder entre Elena García Martínez y Ana María Castro Fernández en Tultitlán, fue más que relevo político entre cuñadas, se convirtió en blindaje de un presunto despojo que hoy está en la mira de la Fiscalía Anticorrupción mexiquense, al mando de Rodrigo Archundia.

Con apenas siete meses en el cargo, Castro ya está envuelta en las indagatorias de la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, la cual, documenta la compra irregular de 27 hectáreas ejidales por 38.5 millones de pesos a través de una asociación civil ligada a la hoy diputada local, Elena García. Vecinos afectados por esta operación han denunciado el intento de despojo de su patrimonio.

Por si fuera poco, la actual alcaldesa enfrenta acusaciones por nepotismo, persecución política y hasta asignación opaca de contratos públicos. El caso ya ha escalado a otras instancias, como la Contraloría estatal, encabezada por Hilda Salazar Gil, y podría llegar hasta el despacho de la gobernadora Delfina Gómez. Atentos.