Visión financiera

La disputa en el corazón de Concanaco

Un sismo de alta intensidad sacude a la cúpula empresarial del país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se enfrenta a una de sus crisis institucionales más agudas: la creación del G32, un organismo paralelo impulsado directamente por su presidente en turno, Octavio de la Torre.

Voces internas del sector alertan que este proyecto, lejos de fortalecer al sector podría minar la unidad, desviar recursos y debilitar la histórica representación legal de la Confederación. El G32, presentado como una nueva alianza de líderes empresariales, levanta sospechas desde su concepción, porque su financiamiento, según fuentes cercanas al organismo, provendría de los recursos de Concanaco.

Esta situación genera serios cuestionamientos sobre su legitimidad, al utilizar la estructura y el dinero de una institución de representación nacional para crear un proyecto personalista. Esto representa una duplicidad de funciones y un riesgo de desvío de fondos que contraviene los estatutos.

La principal crítica al G32 es su percepción como un vehículo para centralizar el poder y enaltecer la figura del presidente de Concanaco, en lugar de posicionar a la institución en su conjunto.  Este enfoque, advierten los críticos, podría diluir la naturaleza colegiada de la Confederación y desplazar la voz de las cámaras confederadas.

La historia de las cámaras empresariales se ha basado en la representación plural y democrática y un organismo como el G32, que opera en la sombra y sin un claro consenso, se ve como una estrategia para consolidar una agenda particular, más que para servir a los intereses de todo el sector.

Esto debilita la capacidad de interlocución del gremio ante el Gobierno Federal y otras cúpulas como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)". La conformación de este organismo alterno divide a las cámaras entre quienes apoyan el proyecto y quienes lo rechazan, y se corre el riesgo como Concanaco de perder cohesión y, con ello, su fuerza de negociación.

El G32 se empieza a percibir como un instrumento de intereses personales, erosionando la imagen de la confederación como una institución seria y comprometida con el desarrollo económico del país.

Con la estructura paralela se desvían recursos que podrían ser utilizados para ofrecer mejores servicios a los afiliados, como capacitación, promoción del turismo o defensa de los intereses de los comerciantes, servicios y hoteleros.

Si bien los defensores del G32 argumentan que busca una mayor incidencia política, la realidad es que su implementación ha generado más incertidumbre que certeza.

 La falta de transparencia en su origen y operación, sumada a la desconfianza de una parte del gremio, auguran un futuro de confrontación.

El G32 podría convertirse en un factor de división que desemboque en una crisis de legitimidad sin precedentes para Concanaco, afectando su liderazgo y capacidad de incidencia a nivel nacional.

*** Agua para aprender, apuesta de Fundación Coca-Cola

En México, hablar del acceso al agua en las escuelas equivale a hablar de desigualdad. Miles de niñas y niños asisten a clases en condiciones precarias, sin la certeza de contar con este recurso elemental para estudiar, hidratarse o mantener la higiene básica. Esa realidad golpea con fuerza en entidades como Guerrero, donde la carencia de agua condiciona la vida cotidiana y limita las oportunidades educativas de generaciones enteras.

Por eso cobra relevancia la puesta en marcha del programa “Escuelas con Agua” en esta región. La entrega de sistemas de captación pluvial en 37 escuelas públicas no solo es una respuesta técnica al desabasto, sino también una señal de que la colaboración entre iniciativa privada, gobierno y sociedad civil puede traducirse en soluciones concretas para problemas que llevan décadas sin atenderse.

El valor de este tipo de acciones reside en que muestran cómo la innovación tecnológica, cuando se acompaña de voluntad política y responsabilidad social, abre caminos que antes parecían imposibles. Las empresas involucradas —Fundación Coca-Cola México, Coca-Cola FEMSA de Ian Craig, Rotoplas e Isla Urbana— apuestan por demostrar que la participación del sector privado no solo es compatible con el interés público, sino necesaria para impulsar soluciones de fondo.

La cifra habla por sí sola: más de 787 mil litros de agua podrán ser recolectados en los planteles beneficiados, equivalentes a decenas de pipas que antes debían trasladarse para abastecer a la comunidad escolar. Esto significa que miles de estudiantes dejarán de suspender clases o de cargar agua desde sus casas, y ahora podrán concentrarse en lo que verdaderamente importa: aprender.

La Secundaria Técnica Número 1 “Juan de Dios Bátiz” simboliza este cambio. En ese plantel, con más de 700 alumnos, la instalación de infraestructura de captación garantiza una reserva considerable para resistir las temporadas de sequía. En lugar de preocuparse por la falta de agua, los docentes y las familias podrán enfocar sus esfuerzos en el desarrollo educativo.

No debe perderse de vista que este esfuerzo se suma a una estrategia de mayor alcance. Desde 2021, el programa ha instalado más de 700 sistemas similares en todo el país, cada uno con la capacidad de recolectar hasta un millón de litros de agua. El impacto trasciende a cada escuela: representa un modelo replicable que puede transformar la forma en que se garantiza el acceso al recurso en comunidades vulnerables.

La enseñanza es clara: una escuela con agua es mucho más que un edificio con estudiantes. Es un espacio donde la educación se desarrolla en condiciones de dignidad, donde la salud infantil se protege y donde el futuro de comunidades enteras encuentra un respiro. La modernización de la infraestructura hídrica en Guerrero recuerda que hablar de derechos básicos debe ser una acción concreta que puede transformar realidades, y no sólo un discurso al aire.

*** Industria de pesados deja huella verde

Industria y sustentabilidad parecieran ser dos palabras difíciles de conciliar, pero la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dirigida por Rogelio Arzate, que agrupa a gigantes como International, Isuzu, Kenworth, Mercedes-Benz Vanes, Scania, Volkswagen y Volvo, muestra que no es imposible.

En su Jornada de Reforestación 2025, realizada en la Sierra Morelos de Toluca, 86 voluntarios lograron plantar 600 pinos “Hartwegii” y “Montezumae”, especies nativas fundamentales para la recarga de acuíferos y la captura de carbono.

Este esfuerzo encaja con la estrategia de responsabilidad ambiental de la Asociación y sus empresas afiliadas, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con la agenda de Expo Transporte ANPACT 2025, donde la sustentabilidad será el eje central.

Con ello, se refuerza el compromiso de la industria automotriz de vehículos pesados con la sustentabilidad, la descarbonización y la lucha contra el cambio climático.

*** Negocios desde el Senado

No pierda de vista al empresario Luis Humberto Montaño García, fundador de la arrendadora Lumo Financiera del Centro, quien, gracias a su cercanía con Adán Augusto López, hoy coordinador de Morena en el Senado, habría logrado consolidar su presencia no solo en la esfera política sino en las contrataciones públicas.

Desde 2024, Montaño ocupa el cargo de Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez, un órgano del Senado, con un salario mensual de 172 mil pesos.

Al mismo tiempo, su empresa se ha mantenido como proveedora de gobierno, tan solo en 2025 ha obtenido contratos por alrededor de 270 millones de pesos, con dependencias como Alimentación para el Bienestar de María Luisa Albores o el IMSS de Zoé Robledo. Su éxito, sin embargo, contrasta con los cuestionamientos que pesan sobre Lumo y la estrecha relación que el empresario mantendría con Adán Augusto, cuya imagen pública va en picada.

*** Martínez Araiza simuló ventas a proveedores por más de 390 millones de pesos

TOME NOTA *** Nos comentan que en su primer periodo, como secretario general del SNAC, entre 2019 y 2024, ese sindicato acumuló pagos por 330 millones de pesos a proveedores, muchos sin evidencia de entregables o materialidad. Además, se cancelaron 50 facturas por 30 millones de pesos y 10 facturas de clientes por 10.5 millones, sin que exista constancia del destino de esos fondos.

Todos esos recursos desviados o usados sin aprobación de los trabajadores del SNAC, representan un daño patrimonial global de 394.1 millones de pesos, que demuestran la resistencia a la rendición de cuentas y la opacidad con que opera la dirigencia sindical, encabezada por Martínez Araiza.