Visión financiera

Un respiro para la industria pesada

El nuevo Acuerdo que regula la importación de vehículos pesados usados, publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación, marca un punto de inflexión para una industria que durante años pidió una regulación clara ante la entrada indiscriminada de unidades obsoletas desde Estados Unidos.

El documento establece que solo podrán ingresar vehículos con motor diésel y peso superior a tres mil 857 kilogramos que cumplan condiciones ambientales y un límite de antigüedad de diez años, lo que pone freno a la chatarra automotriz que había saturado el mercado interno.

Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que preside Rogelio Arzate, se interpreta como una victoria técnica y política: por fin se alinea la regulación mexicana con los estándares de emisiones que exige la modernización del autotransporte.

Durante 2024, la importación de unidades usadas se triplicó y superó las 29 mil, un golpe directo a la producción nacional, la renovación de flota y el patrimonio de miles de micro y pequeñas empresas transportistas. Con este nuevo marco, el gobierno federal, a través de las secretarías de Economía y Medio Ambiente, busca equilibrar la competencia entre los fabricantes que producen en México y quienes introducen vehículos obsoletos con bajos controles de emisiones.

Más que una medida proteccionista, el acuerdo representa una apuesta por una industria más limpia, eficiente y segura, que contribuya a los objetivos de transición energética y reducción de contaminantes.

La ANPACT ve en esta decisión una señal de certidumbre y coordinación entre el sector productivo y el Estado. El reto ahora será garantizar que las aduanas cumplan los controles ambientales y que las nuevas reglas no se queden en el papel.

Si se logra, México no solo protegerá a su industria automotriz pesada, sino que avanzará hacia una movilidad más sustentable y competitiva, basada en tecnología, innovación y producción nacional.

*** IEPS, entretenimiento y apuestas

La preocupación ante el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aprobado por el Senado en el Paquete Económico 2026, alcanza a la industria del entretenimiento y las apuestas al pasar del 30 al 50 por ciento, medida que podría dar pie a la expansión del juego clandestino y digital, competidor desleal frente a operadores establecidos como la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), que preside Miguel Ángel Ochoa.

Si bien, las versiones apuntan a que se trata de un “impuesto saludable”, con este aumento porcentual no se descarta que jugadores y apostadores migren a plataformas ilegales, fuera del control de las autoridades fiscales y de seguridad.

Ante este panorama, el sector generador de más de 200 mil empleos, se verá impactado de manera significativa aunado a que, su voz no ha sido escuchada para actualizar el marco legal que regula la actividad. Tanto empleos y empresas que operan bajo supervisión de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de Rosa Icela Rodríguez, están en juego.

*** Reconocimiento en grande

TOME NOTA *** Gran reconocimiento merece la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, que, por séptimo año consecutivo, tendrá un aumento salarial del 9%. Esta medida, además de mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policíacos y dignificar su oficio, busca evitar casos de corrupción al interior de la dependencia encabezada por Pablo Vázquez Camacho.

Desde 2018, los ingresos de las y los policías han pasado de 11 mil 144 a 20 mil 372 pesos mensuales, lo que representa un incremento acumulado cercano al 80 por ciento. A ello se suman más de tres mil ascensos, seis mil 700 condecoraciones y 20 mil 500 estímulos otorgados en reconocimiento al mérito y desempeño.

Estas acciones no solo fortalecen la motivación del cuerpo policial, sino que apuntalan una política de profesionalización sostenida, donde la justicia laboral se convierte en sinónimo de seguridad pública. La apuesta es clara: una policía más digna, preparada y con sentido de pertenencia es la mejor estrategia para construir una ciudad más segura.