Visión financiera

*Impunidad de inmobiliarias en Oaxaca

Cuando la paridad se usa para heredar el poder, debilita a la mujer

La discusión sobre la llamada “ley esposa” dejó de ser un debate local para convertirse en un problema político nacional. En Palacio Nacional la molestia es evidente porque la reforma aprobada en San Luis Potosí no se percibe como un avance en derechos de las mujeres, sino como una maniobra para blindar proyectos familiares desde el poder.

El malestar no es menor porque contradice el discurso central del nuevo gobierno federal contra el nepotismo electoral. Morena anunció que impugnará la llamada “Ley Ruth” al considerar que la obligación de postular solo mujeres en 2027 no amplía derechos, sino que los administra con dedicatoria. La paridad, sostienen en el oficialismo, no puede convertirse en una herramienta de exclusión ni en una vía para heredar cargos, porque entonces deja de ser una conquista y se vuelve un instrumento de poder.

Ese mismo patrón encendió alertas en Nuevo León. La iniciativa conocida como “Ley Mariana”, que busca imponer una candidatura femenina para la gubernatura, fue leída bajo la misma lógica: reformas diseñadas a la medida para favorecer a las esposas de los gobernadores en turno. En ambos casos, la crítica desde el centro del poder es clara: no se combate el machismo sustituyéndolo por reglas que simulan igualdad mientras preservan élites políticas.

El problema de fondo es más profundo que una coyuntura electoral. Cuando el feminismo se utiliza como escudo para el nepotismo, quienes pierden son las propias mujeres que han construido trayectorias reales y competitivas. La paridad no necesita atajos ni imposiciones; necesita credibilidad. Y esa credibilidad se erosiona cada vez que una ley parece escrita no para emparejar la cancha, sino para reservarla.

El acceso de las mujeres al poder en México es resultado de una lucha histórica por la igualdad, no de concesiones ni imposiciones legales; recordemos que el derecho al voto femenino se conquistó tras décadas de organización y presión social, y que han sido muchas mujeres las que han alcanzado cargos públicos por mérito propio y trayectoria —no por cuotas.

Algunos ejemplos claros son Claudia Sheinbaum, quien llegó a la Presidencia de la República tras una trayectoria académica, científica y política; Rosa Icela Rodríguez, exsecretaria de Seguridad y actual titular de la Secretaría de Gobernación; Luisa María Alcalde, exsecretaria de Gobernación con una carrera ligada a luchas sociales dentro de Morena; y Citlalli Hernández, secretaria de la Mujer, con una trayectoria política construida dentro de la Cuarta Transformación. Todas accedieron a sus cargos por trabajo, capacidad y respaldo político, no por imposición legal.

Por ello, es válido criticar reformas que obligan a designar mujeres sin considerar capacidades, ya que estas medidas no fortalecen la paridad, sino que la debilitan al sustituir el mérito por la imposición.

*** ¿Mano negra en el ISSSTE?

Para todos es sabido que el secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, está bajo lupa de la Secretaría Anticorrupción por ocultar sus ingresos y por presunto desvío de recursos, es por ello que se vuelve preciso que los sabuesos de Raquel Buenrostro indaguen sus lazos con el secretario de Administración del ISSSTE, Omar Butrón Fosado, pues los testimonios enfatizan que actuaría a favor de un grupo de proveedoras de aseo como parte del proceso LA-51-GYN-051GYN005-N-1-2026.

Como sabrá, Tapia Santoyo tuvo su periodo como parte del Instituto hoy liderado por Martí Batres, sin olvidar que en las averiguaciones en su contra figuran empresas del llamado ‘cártel de la limpieza’, mismas a las que ahora Butrón Fosado buscaría colocar como contratistas con el supuesto ajuste de requisitos, entre ellas suenan fuerte los nombres de Limpieza Jored y Cleanium Limpieza, enlazadas en el rubro a José Juan Reyes Mote y José Juan Reyes Domínguez. ¿Se despejarán a tiempo las dudas que rondan la compra del ISSSTE?

*** Algoritmos hídricos

La posible llegada de La Niña en 2026 y la prolongación de la temporada de lluvias hasta el invierno colocan a México ante un escenario dual, exceso de agua en algunas regiones y carencia extrema en otras. Este contraste obliga a pensar en nuevas formas de respuesta social frente a la crisis hídrica.

Datos de la Conagua, encabezada por Efraín Morales, indican que más de 65 por ciento de los municipios del norte enfrenta sequía severa, mientras inundaciones y desbordes afectan zonas urbanas sin infraestructura adecuada, por lo que ya que no basta con esperar obras públicas de largo plazo cuando millones de personas requieren soluciones inmediatas.

Durante los últimos meses, surgieron iniciativas que conectan tecnología digital con ayuda directa. Campañas como Rotogotas, impulsada por Grupo Rotoplas, transforman interacciones en redes sociales en donaciones de tinacos para comunidades con mayor estrés hídrico. El modelo incorpora a la ciudadanía a través de plataformas como TikTok e Instagram y convierte la participación cotidiana en infraestructura básica.

**** Impunidad de inmobiliarias, aliadas con el crimen en Oaxaca

La comunidad de Santiago Quixtla, en Oaxaca, está indefensa y desprotegida ante la amenaza constante de inmobiliarias aliadas con la delincuencia y la inmovilidad del gobierno de Salomón Jara.

Hace unas semanas los comuneros de esta población fueron despojados de sus tierras por un grupo encabezado por Jorge Eduardo Echaide Amador, quien se pasea impune por las playas de Puerto Escondido haciendo alarde de la protección del gobernador y de una célula local del crimen organizado liderada por un individuo de apodó “el Bógar”.

Ante los hechos, la respuesta del fiscal de Puerto Escondido como de la entidad frente a las demandas de los indígenas ha sido nula. La Playa Palmarito, otrora santuario de tortugas y parte del ecosistema de la laguna de Manialtepec, está siendo “limpiada” con maquinaria pesada, sin permisos de ninguna autoridad y con escrituras falsas expedidas por el notario No. 2 de Oaxaca a cargo de Jesús Martínez Vigil.

¿Acaso en Oaxaca no hay justicia para los más débiles? ¿Acaso el patrimonio comunal no tiene ningún valor jurídico para las autoridades? Habría que tomar todo esto en cuenta si el Gobernador Jara Cruz quiere redactar una nueva Constitución para el Estado.

*** Corrupción sindical piedra en el zapato para revisar T-MEC

TOME NOTA *** Estados Unidos ha endurecido su postura frente a las condiciones sindicales en México y está utilizando el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC como su principal herramienta de presión para la revisión del Tratado.

Todas las acciones recientes del gobierno estadounidense giran en torno a dos ejes. El primero es la preocupación por la interferencia patronal, reflejada en alegatos de despidos o reasignaciones relacionadas con el activismo sindical, amenazas, obstrucción de actividades de sindicatos independientes y prácticas orientadas a desalentar la organización.

El segundo es la reiterada acusación contra los llamados sindicatos de protección, particularmente aquellos que actúan como el sindicato incumbente en los centros de trabajo y que, según los peticionarios, operan con apoyo de la empresa para mantener la representación y bloquear la participación de sindicatos independientes.

Los documentos emitidos por el mecanismo de respuesta rápida apuntan a que Estados Unidos no solo está recibiendo estas denuncias, sino que las está evaluando con rigor. En los distintos casos se subraya la preocupación por procesos sindicales opacos, falta de garantías de neutralidad empresarial, obstáculos a la participación de sindicatos independientes y ausencia de remediaciones plenas dentro de los plazos previstos. Para Washington, estos elementos son indicios de que persisten rezagos en la implementación efectiva de la reforma laboral mexicana.

En este aspecto, Estados Unidos está preocupado por la opacidad de algunas organizaciones, como el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, SNAC, encabezado por Alejandro Martínez Armenta.