Visión Financiera 

*Licitaciones a modo, en Edomex

La apuesta por el capital humano

En México, el 40% de los universitarios elige su carrera bajo un criterio alarmante: huir de las matemáticas. Esta fobia a las ciencias exactas no es solo un problema académico, es un lastre financiero; hoy, solo 2 de cada 10 estudiantes concluyen su formación profesional, alimentando una brecha de talento que compromete la competitividad del país frente al nearshoring.

Ante la ausencia de una política obligatoria de orientación vocacional en el sistema público, Movimiento STEM+ (avalado por la UNESCO) y Farmacias Similares han lanzado la iniciativa “Talento del Futuro”. No se trata de un simple donativo, sino de una estrategia de inversión en capital humano que busca:

Profesionalizar la orientación: Capacitar a docentes de subsistemas como CONALEP para que actúen como guías hacia las carreras del siglo XXI.

Financiamiento con causa: El proyecto arranca con un fondo de 1.65 millones de pesos, derivado de un modelo de economía circular: el 10% de las ventas de las "Pastillas de la Bondad" de Farmacias Similares.

Impacto proyectado: Rescatar la vocación de 6,000 jóvenes de bachilleratos públicos, con un enfoque agresivo en reducir la brecha de género en ingeniería y tecnología.

Movimiento STEM+ es una asociación civil que tiene como objetivo ser el faro que desarrolle, conecte, concentre y propague la educación STEM en América Latina y es el máximo órgano de representación del Ecosistema STEM+ y una iniciativa avalada por Unesco y STEM Learning Ecosystems.

*** Broxel, cuando falla el sistema

Lo ocurrido con los bonos de despensa en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuya rectora es Karla Planter Pérez, revela una tensión creciente entre eficiencia tecnológica y control institucional. La dispersión de recursos, delegada a la empresa Broxel, de Gustavo Gutiérrez, generó depósitos que en algunos casos alcanzaron cifras cercanas a los 20 mil pesos, muy por encima del monto habitual. El error no surgió en la institución, sino en el proceso operado por el proveedor, lo que coloca en el centro del debate la responsabilidad compartida.

El episodio mostró la velocidad con la que una anomalía puede escalar. Desde las primeras horas del día, los trabajadores detectaron diferencias en sus cuentas y buscaron explicaciones en las áreas administrativas. La reacción institucional dependió de la empresa, que horas después inició la corrección mediante bloqueos y ajustes. Ese lapso bastó para generar incertidumbre en miles de usuarios.

El impacto no se limita a lo económico, pues la relación entre trabajador e institución se sostiene en la certeza de que los procesos administrativos funcionan de manera adecuada. Cuando un error externo altera esa percepción, el daño se traslada a la credibilidad de todo el sistema. La obligación de devolver recursos añade un elemento de presión que no corresponde a quienes solo recibieron lo que apareció en sus cuentas.

La situación adquiere mayor relevancia al considerar que no es un hecho aislado. En la Universidad de Guadalajara se registraron fallas similares en tarjetas de despensa, de la misma empresa Broxel, con problemas que incluyeron rechazos y cargos duplicados. La magnitud del caso sugiere que existen deficiencias en la operación que requieren una revisión profunda.

Por si fuera poco, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo análisis una licitación federal de vales electrónicos otorgada a la firma, debido a posibles fallas en la captura económica de la propuesta y riesgos en la entrega de los apoyos. 

El historial de la compañía incluye además sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa e incompleta, elementos que se suman al escrutinio reciente sobre su desempeño.

El modelo de tercerización de servicios financieros ofrece ventajas en términos de eficiencia, pero también implica riesgos cuando no existe una supervisión estricta. La delegación de funciones críticas exige mecanismos de control que permitan detectar y corregir errores antes de que afecten a los usuarios. En este caso, la reacción llegó después de que el problema se hizo evidente.

Las instituciones que emplean estos sistemas enfrentan un dilema; por un lado, buscan modernizar sus procesos mediante herramientas tecnológicas. Por otro, deben garantizar que esa modernización no comprometa la estabilidad de sus operaciones. La confianza en los sistemas digitales depende tanto de su rapidez como de su precisión. 

Sin controles adecuados, incluso los sistemas más avanzados pueden generar errores con consecuencias amplias. La prioridad no debe ser únicamente la eficiencia, también se debe contemplar la certeza para quienes dependen de estos mecanismos en su vida diaria.

*** Contratos bajo sospecha

La llegada de Mónica Chávez Durán a la Oficialía Mayor del Estado de México no ha pasado desapercibida. En pocos meses, su gestión acumula señalamientos que apuntan a un patrón preocupante: adjudicaciones directas a empresas específicas, decisiones que parecen ignorar criterios de competencia y denuncias internas que describen un ambiente laboral tenso. El problema no radica solo en los contratos, sino en la forma en que se habrían construido para favorecer a ciertos actores.

Dentro de la dependencia, las acusaciones dibujan un escenario donde los procesos pierden imparcialidad. La licitación de seguros se ha convertido en el caso más representativo, con reglas que, según trabajadores, limitan la participación de otras compañías. En ese contexto aparecen nombres como Seguros Bx+ y Aseguradora Argos, señaladas como beneficiarias de un diseño contractual que reduce la competencia y concentra las decisiones.

El trasfondo político resulta inevitable. La administración encabezada por Delfina Gómez prometió austeridad y combate a la corrupción, pero los hechos descritos desde la Oficialía Mayor apuntan en sentido contrario. La pregunta ya no es si existen irregularidades, sino si habrá capacidad institucional para frenarlas antes de que se conviertan en una práctica normalizada.

*** Botín alimentario

En el Estado de México, bajo el gobierno de Delfina Gómez, comienzan a escalar señalamientos sobre un presunto esquema de cobros irregulares en contratos del DIF mexiquense. En círculos de proveedores ya no se habla solo de gestiones, sino de posibles “moches” y pagos en efectivo de hasta 2 millones de pesos para acceder a adjudicaciones. 

En estas versiones aparecen el magistrado Maximiliano Alexander, la directora del organismo,  Karina Labastida Sotelo, el diputado local Carlos Zurita y el notario Alejandro Moreno Morales, quien perdió su patente en 2025. Aunque no existen resoluciones oficiales, algunos empresarios ya valoran acudir a instancias legales. 

El tema llegó a la agenda federal y la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a que el caso sea turnado a la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy. De avanzar, el caso podría convertirse en un foco de presión política.

*** Se acaba protección a líder del SNAC

Quien debe estar preocupado por su futuro a corto plazo, es Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), pues a mediados de este año se le puede acabar la protección de la que goza en las esferas oficiales.

Trabajadores de Mondelëz México, una de las empresas en las que el SNAC tiene participación, aunque no Contrato Colectivo de Trabajo, informaron que 2026 es clave para que se termine la presencia de este personaje en un gran número de compañías, en las que se impone de manera represiva.

Recordaron que Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), envió un oficio al SNAC, el 19 de mayo del año pasado, en el cual otorgaba toma de nota al Comité Ejecutivo Nacional de ese sindicato, con Martínez Araiza, a la cabeza, que se reeligió el 15 de abril de 2025, y en el cual lo exhortaba también a informar del patrimonio sindical.

Resulta que el secretario general del SNAC sólo hizo caso en lo referente al reconocimiento de su comité, pero no en lo relacionado con dar a conocer el monto y destino de los bienes y dineros de la agrupación, calculados en 500 millones de pesos sólo en cuotas.

Martínez Marrufo fue designado para el cargo por el Senado de la República el 29 de julio de 2020 para un periodo de seis años, que concluirán alrededor de ese mes de 2026.

El CFCRL depende administrativamente de la Secretaría del Trabajo, pero está sujeto a una Junta de Gobierno, en la que participan varias dependencias. La ley permite que el titular del Centro sea ratificado para un segundo periodo de seis años, pero es muy probable que el funcionario sea relevado, ante sus magros resultados, enfatizaron.

De esta manera, la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá presentar una nueva terna de candidatos para que el Senado sea el que elija a quien será el nuevo director general del organismo que regula la vida de los sindicatos, tras un periodo de comparecencias y votación.

Consideraron que el Centro debe ser renovado para dar respuestas más ágiles a los conflictos prevalecientes en el mundo sindical. Los vientos de cambio que soplan en el Gobierno de la Cuarta Transformación deben incluir el relevo de Domínguez Marrufo para que se termine así la protección con que se beneficia Martínez Araiza.