Visión Financiera

De proveedor recurrente a inhabilitado

Por más de una década, Ferbel Norte, S.A. de C.V., empresa de Fernando Beltrán, logró consolidarse como un proveedor habitual del Gobierno federal, y es que, registros de contratación pública revelan que acumuló al menos 89 contratos con distintas dependencias entre 2011 y 2024, por un monto superior a los 120 millones de pesos. 

Dicho historial contrasta con su situación actual, ya que si bien, desde 2024 forma parte del padrón de proveedores inhabilitados del Gobierno de Guanajuato, luego de que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración estatal le impusiera una sanción de tres años por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, restricción que permanecerá vigente hasta 2027, la empresa ha mantenido actividad en procesos licitatorios posteriores.

Antes de esa resolución, Ferbel Norte había construido una presencia constante en el mercado de compras públicas. Entre sus principales clientes figuran el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Agricultura.

Los expedientes de contratación muestran que la empresa obtuvo contratos tanto mediante licitaciones públicas como por adjudicación directa, lo que refleja una relación sostenida con distintas dependencias federales a lo largo de 13 años.

Lo llamativo es que la inhabilitación estatal no ha significado el fin de su participación en el mercado, ya que Ferbel Norte ha continuado presentando propuestas técnicas y económicas en procesos de contratación convocados por otras dependencias federales y estatales, un escenario que expone los alcances y límites de las sanciones administrativas. 

Identificado por su relación con Casanova Rent y otras empresas vinculadas a los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, Fernando Beltrán además de prestarles servicios de blindaje, en diversas licitaciones ambas compañías han coincidido como participantes. 

El antecedente adquiere relevancia porque distintas empresas de Casanova también han enfrentado procesos de inhabilitación, situación que ha pasado desapercibida al llamar la atención de las autoridades por la recurrencia con la que proveedores sancionados continúan apareciendo en procedimientos de contratación pública.

*** Plata cambia de manos

El mapa minero de Jalisco se prepara para un movimiento empresarial de 90 millones de dólares. First Majestic Silver Corp, encabezada por su CEO Keith Neumeyer, acordó vender la mina de plata y oro San Martín a la mexicana Flextronics Supply and Service, S. de R.L. de C.V., que dirige Revathi Advaithi. La transacción incluye el 100% de Minera El Pilón, S.A. de C.V. y el Grupo de Propiedades Jalisco, compuesto por 5 mil 245 hectáreas de concesiones en Etzatlán y Tototlán. 

El activo, localizado a unos 250 km al norte de Guadalajara, permanece bajo cuidado y mantenimiento desde julio de 2019, por lo que su cambio de propietario abre una nueva etapa para una operación con años fuera de actividad productiva. 

La operación aún requiere la autorización de las autoridades mexicanas de competencia económica y First Majestic espera concluirla durante el cuarto trimestre de 2026, mientras concentra su portafolio en activos como Santa Elena, Los Gatos, San Dimas, La Encantada y Jerritt Canyon.

*** No ratificar a Domínguez Marrufo en el CFCRL

De acuerdo con la normatividad, el 31 de julio concluirá la gestión de Alfredo Domínguez Marrufo, como director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), y trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que lo remueva y no lo ratifique en el cargo.

Domínguez Marrufo asumió la batuta del CFCRL el 29 de julio de 2020 por un periodo de seis años, con la posibilidad legal de prolongar su administración por un sexenio más, lo cual no debe ocurrir, debido a su desastroso desempeño, en perjuicio de la clase obrera.

Trabajadores del SNAC indicaron que, en su gestión, Domínguez Marrufo protegió las tropelías de Alejandro Martínez Araiza, como secretario general auto impuesto de ese sindicato, y no le retiró la toma de nota, a pesar de las 11 causales de nulidad registradas en los comicios en que se reeligió en abril de 2025 para ocupar la dirigencia del SNAC hasta 2030.

Señalaron que, entre las presuntas irregularidades durante las elecciones, se encontraron: alteraciones en el padrón, ausencia de representantes del CFCRL, restricciones a la participación de algunos afiliados, actos de intimidación y el registro de una sola planilla encabezada por Martínez Araiza.

El director general del CFCRL tampoco fue capaz de lograr que el líder espurio del SNAC le informara sobre el patrimonio sindical, que sólo en cuotas asciende a 500 millones de pesos, a pesar de que le envió un oficio, en el que lo exhortaba a cumplir con esta obligación marcada en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo.

Por la complicidad de Domínguez Marrufo con Martínez Araiza, trabajadores del SNAC pidieron a la mandataria que ese funcionario concluya su gestión y que la titular del Ejecutivo federal envíe al Senado una terna de aspirantes para renovar la dirección del organismo, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Conforme a la legislación, la Cámara Alta deberá elegir al nuevo titular del organismo por una mayoría calificada de dos terceras partes y cuenta con un plazo de 30 días para resolver una vez recibida la propuesta.

El Senado puede rechazar la terna en una ocasión. En caso de que una segunda propuesta tampoco sea aprobada dentro del plazo legal, la titular del Ejecutivo puede realizar la designación directa. Ante ese escenario, los inconformes pidieron que Domínguez Marrufo no sea considerado entre los aspirantes.

También afirmaron que el sindicato ha permanecido durante varias décadas bajo la dirección de integrantes de la familia Martínez, pues el padre y el abuelo del actual secretario general ocuparon anteriormente la dirigencia. Este antecedente, señalaron, debe ser revisado por las autoridades, junto con el manejo del patrimonio sindical.

*** La credibilidad también se construye con los antecedentes.

En el debate público no basta con hablar fuerte o publicar un mensaje en redes sociales. Quien decide formular acusaciones contra terceros debe entender que la credibilidad de sus afirmaciones depende, en gran medida, de la consistencia entre su discurso y su propia trayectoria.

En noviembre de 2020, la Guardia Nacional detuvo a Armando Prida Noriega por presunta extorsión a funcionarios federales. En ese momento Heligio Aguilar Rule fue señalado como presunto cómplice y sus cuentas fueron congeladas, como documentaron La Jornada, Milenio y 24 Horas.

Quienes son efectos a difundir mensajes con señalamientos, sin presentar pruebas verificables, documentos o resoluciones que lo respalden carece de credibilidad y honor.

En un Estado de derecho la opinión es libre, pero los hechos deben acreditarse. Más allá del desenlace jurídico de sus antecedentes, estos forman parte del contexto desde el cual hoy pretende juzgar a otros.

El problema del video no es solo lo que afirma, sino lo que omite: recurre a categorías sin evidencia objetiva. La libertad de expresión no convierte una afirmación en verdad por ser viral.

La autoridad moral no se proclama, se construye con congruencia. Si hay ilícitos que denunciar, la vía es la autoridad competente con pruebas, no las redes sociales.

El debate en Quintana Roo necesita más evidencia y menos protagonismo. La credibilidad no se gana con videos, sino demostrando que hay pruebas y congruencia entre lo que se dice y lo que se ha hecho.

Finalmente, Cuando se dicen cosas que no son así, que mienten y que hablan por la herida, donde la verdad es totalmente diferente a lo que se afirma, deja de ser opinión y se convierte en un acto de engaño y calumnia. Y si además existen amenazas directas previas, entonces ya no es denuncia: es extorsión.

*** Alianza turística 

TOME NOTA *** Oaxaca y Acapulco sellaron una alianza turística que busca fortalecer la promoción conjunta, compartir buenas prácticas y desarrollar estrategias para impulsar el crecimiento turístico de ambos destinos. 

Así, la Secretaría de Turismo Municipal de Acapulco, encabezada por Noé Peralta Herrera; y la Secretaría de Turismo del Municipio de Oaxaca, al mando de Deyanira Altamirano Gómez, firmaron una Carta de Amistad que además fortalecerá la conectividad aérea entre Acapulco y Oaxaca.

Por lo que continuarán las gestiones con Mexicana de Aviación que dirige Leobardo Ávila Bojórquez, para concretar una ruta directa entre ambos destinos dado que, una mayor conectividad permitirá incrementar el flujo de visitantes, generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar una alianza turística de largo plazo.