
De frente y de perfil
SUVEN e INNTEC, el mismo modelo insolvente
En este espacio hemos platicado sobre las irregularidades en la operación de la valera SUVEN, de Oralia Méndez García, firma que ha metido en problemas a dependencias como la Condusef, Sepomex, la Auditoría Superior de la CDMX, la UABJO de Oaxaca, y otras universidades, las cuales contratan el servicio y en ocasiones sus tarjetas no pueden ser utilizadas por los trabajadores.
Pues ahora nos cuentan que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que lleva Roberto Campa Cifrián, están concursando la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-014000999-E48-2018 para la emisión de monederos electrónicos de despensa, lo que prende las alertas en el sector para que en este proceso no se dejen sorprender.
Y es que a pesar de que hay empresas que no están dentro de los emisores autorizados por el SAT, de Osvaldo Santín, estás se presentan a licitaciones sin tener la capacidad técnica, financiera y humana para proveer estos servicios, con la estrategia de ofertar precios inferiores, e incluso bonificaciones que a la larga les generan insolvencia económica para cumplir con los contratos.
Con este escenario, aparece la firma INNTEC, de Héctor Anaya, quien presuntamente utilizaría prestanombres para su constitución, además de no contar con la autorización del Servicio de Administración Tributaria, para emitir monederos electrónicos de vales de despensa.
Además, INNTEC carecería de capacidad financiera, por lo tanto no sería sujeto de que se le otorguen fianzas para garantizar el cumplimiento de contratos con dependencias de gobierno. Aun así, acude a los concursos alterando su información financiera para aparentar una solvencia económica de la cual carece.
Lo importante aquí es que la STPS valide y revise el procedimiento a detalle, mismo que garantice contar con un proveedor que demuestre su capacidad financiera, técnica y humana requerida en las bases de licitación, y que no vaya a dejar botados a sus cientos de empleados.
*** La Tecnología y AMLO
TOME NOTA *** Las propuestas en materia de tecnología de Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de la República, se enfocarán a hacer de ésta una política transversal de su administración.
Lo que se busca es democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías así como garantizar el acceso universal a la Internet, como un derecho ciudadano.
El objetivo será, nos dicen, una digitalización de la economía que será la parte medular de sus políticas en los próximos años, para convertir el acceso a las tecnologías de la información en algo más asequible para la población.
En la propuesta de AMLO se hace ver la rapidez con la que se ha consolidado la tecnología como ingrediente de generación de valor, lo que hace innegable la necesidad de que México impulse su desarrollo hasta alcanzar los niveles de innovación y tecnología que otras economías equiparables a la nuestra ya tienen.
Para ello se propondrá continuar con el esfuerzo de digitalización en el gobierno y en los servicios públicos (trámites y solicitudes en línea), como un mecanismo para evitar la corrupción.
Mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones para los segmentos de bajos ingresos de la población, e impulso a las Fintech como una vía para promover la inclusión financiera de la población menos favorecida.
Fortalecimiento a las políticas de privacidad y ciberseguridad; impulso a la creación de empresas sociales para brindar servicios a comunidades apartadas y a la adopción de tecnologías de la información como parte del modelo educativo.
Hacer de la Agenda Digital, una prioridad para el Presidente de la República, las Secretarías de Economía y de Hacienda, del IFT y de las autoridades de seguridad, protección al consumidor y competencia.
También debe ser una una prioridad para el Congreso de la Unión y la especialización de perfiles. De ahí que se propondrá un rediseño institucional de las autoridades responsables de la regulación de estas actividades.
Fortalecer la articulación de Cámaras y Asociaciones que propongan y gestionen el cambio desde el sector privado y fomentar la innovación a través de una política pública específica para atraer mayor inversión en investigación y desarrollo.
No se propone una política para el uso industrial de internet, sobre servicios financieros digitales, ciberseguridad o para el impulso de la Economía Digital.[email protected]