Visión Financiera/Carlos Howard

Cacería con poca limpieza

Nos cuentan que la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Arely Gómez, se ha dedicado a buscar inconsistencias en las contrataciones gubernamentales… pero para perjudicar a las empresas que compiten con algunas de ‘las consentidas’.

Las competidoras del sector limpieza son algunas de las más afectadas. Entre ellas destaca el caso de Reisco Operadora de Servicios S.A. de C.V., empresa que ha sido perseguida durante meses por los funcionarios de la dependencia, quienes buscan a toda costa encontrar algún mal manejo.

Ante todos los esfuerzos realizados sin éxito, todo parece indicar que desde la Secretaría presionaron a Sedesol, de Eviel Magaña, y al Conalep, de Jorge Neyra, para que retengan los pagos correspondientes al servicio prestado desde hace cinco meses.

En tanto, en el sector se dice que quienes se frotan las manos son las firmas Gott und Glück SA de CV y Fireky SA de CV, firmas que han sido beneficiadas con al menos una veintena de contratos durante la administración priista de Enrique Peña Nieto.

Habrá que ver si centralizar las compras públicas en la Oficialía Mayor tiene resultados inmediatos y contundentes, tal como lo ha prometido el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Por el momento, es el colmo que estemos faltos de una institución que vigile a la dependencia encargada de evaluar el actuar de los servidores públicos.

Publicidad, una buena y una mala

TOME NOTA *** En el sector de la publicidad exterior se recibió con agrado la noticia de que el INVEA, encabezado por Meyer Klip, desistió continuar con en el retiro de espectaculares ubicados en azoteas, por lo que dejó sola a la SEDUVI, de Felipe de Jesús Gutiérrez, ya que los 60 millones de pesos con que cuenta el instituto no están etiquetados para ese fin, y podría incurrir en responsabilidad administrativa, algo que el equipo de Claudia Sheinbaum vigila desde ya.

No obstante, los publicistas siguen desconfiando del Director Jurídico de la Seduvi, Isidoro Rendón, quien pretende que las empresas le firmen un convenio que es innecesario pues la propia legislación dice que a través del Consejo de Publicidad Exterior, y conforme lo marca la Ley de Publicidad, deben reubicarse esos anuncios de azotea, previo acuerdo con la industria y autorización de las autoridades.

Y es que refieren que desde que este funcionario ocupa el cargo ha pedido a la industria que coopere a cambio de falsas promesas pues tiene acuerdos con dos empresas que son a las únicas a las que les autoriza y les tiene concesiones, mismas que por cierto no han retirado sus anuncios de azotea tal como lo ordena la Ley de Reconstrucción de la CDMX, la cual tiene ocho meses de haberse aprobado y sigue sin aplicarse en este tema.