Visión financiera/Georgina Howard

Opacidad en la SCT

No queda duda de que Cédric Escalante se está volviendo un personaje incómodo en la 4T, pues han llegado denuncias de que el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), opera una mafia de constructores beneficiados con contratos de obra pública desde su oficina. El ‘nuevo’ giro en este entramado seguro levantará las cejas de la Función Pública.

Y es que, con el triunfo de la 4T prácticamente asegurado, diez días antes de las elecciones del 2 de julio de 2018, Escalante Sauri, firmó un contrato por más de tres mil 127 millones de pesos como integrante de un conglomerado constructor para hacerse cargo de los servicios de gerencia de proyectos en la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, Tramo Barranca Larga-Ventanilla.

Documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Banobras refieren que su empresa, Consultores y Constructores Escalante S.A. de C.V, junto con otras dos razones sociales más firmaron el 11 de julio de 2018 el contrato por el que recibió un anticipo de al menos 13 millones 400 mil pesos, según las cláusulas del acuerdo.

El 7 de agosto de ese año y en plena transición, Escalante Sauri fue nombrado subsecretario de Infraestructura por Javier Jiménez Espriú, entonces propuesto para dirigir la SCT en el gabinete de AMLO. Para ese entonces, la compañía del subsecretario, quien fungió como representante al momento de la firma, ya había afianzado 89 millones 510 mil pesos del contrato BNO-G0-02-2018-LP-GP adjudicado por Banobras el 22 de junio de 2018.

Las otras dos empresas envueltas en la obra de Oaxaca son a su vez, Grupo Industrial Caso, representada por Ricardo Gutiérrez, así como Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, cuyo representante legal fue Raymundo Bautista Bañuelos. Llama la atención que este último realiza actualmente los trámites administrativos de la empresa de Escalante Sauri en torno al proyecto.

Con la toma de poder de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, Cédric Escalante Sauri también rinde protesta en su nuevo encargo y presenta su declaración patrimonial afirmando no tener conflicto de intereses. A la par, refiere que tiene una participación de 50 por ciento como accionista de Consultores y Constructores Escalante S.A de C.V, pero no declara cuáles son los dividendos de las facturaciones que se ejecutan con respecto al contrato, que sigue vigente a la fecha.

Por su parte, su hija Marilú Escalante Castro, cuenta desde 2010 con un poder notarial amplio para representar a su padre, un lugar estratégico para operar en un mar de lagunas legales bien conocidas por el subsecretario, un viejo conocido de la SCT, donde acumuló 24 años de experiencia en cuestión de licitaciones y adjudicaciones, habilidades que le ayudaron a levantar su propia empresa en 2007.

Ante esto, urge que el mega contrato millonario que se adjudicó, debería estar ya en la mira de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval pues a todas luces se nota un conflicto de interés.

*** La mano que mece la cuna

Para el sector casinero, la salida de Luis Calvo Reyes de la Dirección General de Juegos y Sorteos se debe a todo menos a motivos personales, como se manejó inicialmente. Y es que, existen fuertes sospechas que detrás de su renuncia estaría la figura de la familia Saidé Marcos, respaldados por personajes públicos como Jorge Alcocer y Jorge Ordoñez. 

Así, lo que pudiera haber detonado la salida fueron las acciones emprendidas para no permitirles seguir con la operación ilegal de 29 salas en territorio nacional, entre los cuales se encuentra el casino más grande del país, Jubille, ubicado en Monterrey Nuevo León, y que opera bajo el permiso de Atracciones y Emociones Vallarta. 

Es un hecho que la cruzada contra los casinos ilegales no se detendrá con la salida de Calvo Reyes, pues la Segob, de Olga Sánchez Cordero, tiene la encomienda presidencial de ir tras toda operación ilegal de este sector. Tal es el caso de las sedes de Atracciones y Emociones Vallarta que dicha dependencia se ha dado a la tarea de clausurar, luego de que esta recibiera por parte de La Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la autorización para otorgar 50 autorizaciones para operar centros de apuesta. 

*** ¿Y la seguridad social?

Urge que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Zoé Robledo, revise el actuar del equipo de Guillermo Toral Flores en la subdelegación 9 Santa Anita, al sur de la CDMX, pues todo indica que aún no investigan a la empresa Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., a pesar de que existen sospechas sobre que ha dejado sin seguridad social a cientos de profesionales de la limpieza desde 2019.

Así, este acto se extendió a la fecha en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de Óscar Artemio Argüello, donde esta firma arrancó como proveedora desde el 25 de febrero pasado. Ante ello, la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, habría enviado listados de colaboradores y contratos de la implicada, por lo que se espera pronta respuesta por parte de las autoridades, más aún al considerar la pandemia por SARS-CoV-2 y sus implicaciones para la salud en caso de no contar con la debida atención médica.

*** Por regularizar chocolates

TOME NOTA *** Mucha atención con la regularización y legalización de los llamados autos chocolate en Baja California, que encabeza el morenista Jaime Bonilla, tema que su Secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, ha calificado como “un problema social y de seguridad pública” para la entidad pues el 78 por ciento de los delitos perpetrados en la Baja se realizan en estos vehículos.

El tijuanense afirmó que tiene el apoyo de Oficina General de Aduanas, que dirige Horacio Duarte Olivares; de la Dirección de Comercio Exterior, de Juan Díaz Mazadiego, en la Secretaría de Economía, y de la Unidad de Legislación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera, quienes serán los encargados de emitir el decreto que, además, protegería el patrimonio de un sector poblacional muy vulnerable en Baja California.