Visión financiera/Georgina Howard

¿Primero los pobres?

Con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el ojo del huracán no solo por la tercera ola de la pandemia, sino por el plantón que se vivió a las afueras de sus oficinas centrales en la Ciudad de México, tampoco se puede perder de vista que una de las proveedoras del gobierno federal fue evidenciada bajo sospechas de dejar sin servicios médicos a casi mil 500 trabajadores, pero no de cualquier rubro, se trata de los encargados del aseo en casi una docena de instituciones y dependencias.

Los afectados corresponden a Joad Limpieza y Servicios, empresa que fue puesta bajo lupa de la directora General de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, debido a que por convenios con recursos de la federación tiene comprometidos a tres mil colaboradores, mientras que en su registro obrero patronal solo hay mil 605.

Qué pasó con casi el 50 por ciento de los mismos, es el cuestionamiento que realizó la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL) al organismo dirigido por Zoé Robledo. De inicio porque a todas luces resalta que los afanadores se encuentran especialmente expuestos al virus, mientras desde otra trinchera está el detrimento a las aportaciones que deberían recibir tanto en su fondo de pensiones como en el Infonavit.

De acuerdo con los documentos integrados por la agrupación, la compañía tampoco reporta los sueldos reales de los trabajadores, aunado a que estaría enlazada con Jorge Sanromán, a quien se señala como propietario detrás de razones sociales como Fejastek, Fireky, Cato Servicios y Mantenimiento Roc.

Sobre Fejastek, la UNITYEL agregó además que su representante legal fue aprehendido por el delito de evasión fiscal, por lo que todo apuntaría a que recurren a la creación de “nuevas empresas” para presentar una cara diferente a las autoridades.

Así, el caso de Joad Limpieza y Servicios se posiciona como uno de los más importantes para la administración actual, sobre todo si se hace caso a aquella emblemática frase utilizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde apuntala: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Lo comento porque mientras la clase trabajadora ve atropellados sus derechos, la compañía suma contratos por más de 130 millones de pesos, tal como se observa en una serie de fallos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo; el DIF de María del Rocío García Pérez; la Profeco, de Surit Berenice Romero; el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de Diego Prieto; así como los Servicios Postales de México, de Rocío Bárcena.

Asimismo, la lista continúa con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), de Marco Antonio Osorio; el Instituto Nacional de Geriatría, que dirige Luis Miguel Gutiérrez Robledo; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Víctor Villalobos; y con mención honorífica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde el equipo de Raquel Buenrostro signó un convenio por 62 millones 536 mil pesos.

*** Norma de agua a inspección

Mediante dos unidades de inspección y cuatro prestadores de servicios integrados acreditados que recientemente aprobó la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Mario Gorena, se evaluará la NMX-AA-179-SCFI-2018 relacionada a la medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados, entre los beneficios están el que ahora se evitará la sub-declaración y acaparamiento del recurso, además de disminuir los costos en el pago de derechos. Esta norma mexicana es aplicable a los usuarios de aguas nacionales que de hecho o al amparo de un título de concesión o asignación emitido por la Conagua de Germán Martínez Santoyo, tienen la obligación legal de medir los volúmenes que de aguas nacionales usen, exploten o aprovechen. Con estas acciones la EMA fortalece la infraestructura acreditada en México, en sus 22 años de trayectoria ha otorgado más de 6,800 acreditaciones en diversos sectores.

*** PAN piensa en el 2023

Nos cuentan que con miras al proceso electoral de 2023, para elegir gobernador en el Estado de México, ya comienzan los enroques, y quienes muestran músculo con la alianza de sus grupos políticos, son Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan y Anuar Azar Figueroa, coordinador saliente de la bancada del PAN en el congreso mexiquense. Recordemos que Vargas es diputado local electo, por lo que todo parece indicar que sería el próximo coordinador de los legisladores panistas; mientras que Azar, diputado federal electo, encabezaría la dirigencia del PAN en la entidad.

Dicha alianza ha levantado muchas expectativas, pues en las elecciones intermedias el Estado de México se pintó de azul, con la recuperación de municipios del que fuera conocido como el “corredor azul”, por lo cual, sin duda, el panismo le apostará mucho a este bastión político.

*** Alistan encuentro maquinario

TOME NOTA *** Al interior de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, se encuentran en preparativos para celebrar de manera virtual  el próximo 20 de julio, su segundo “Encuentro de Maquinaria y Equipo”, en el cual se hablará sobre la innovación tecnológica y tendencias de mercado que son clave para el sector, el evento es patrocinado por Braskem Idesa, Iberdrola México, Polnac, MHolland, BYK, Citrulsa y Polymat.

Este foro va dirigido a transformadores de todas las áreas de la industria plastiquera, empresarios, directores, gerentes y público en general. Algunos temas a abordar serán sobre las perspectivas económicas y escenario post Covid 19; automatización de procesos industriales en el sector-industria 4.0; contexto internacional y tendencias de maquinaria y equipo. La esencia de este encuentro es la posibilidad que tienen las empresas para hacer networking.