Visión Financiera/Georgina Howard

Tren de Guadalajara: opacidad y corrupción

A más de un año de su apertura, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara una de las cuatro obras más importantes del sexenio de Enrique Peña Nito y una de las más costosas de Jalisco, sigue dando de qué hablar, pues no se olvida que se trató de un proyecto que registró un sobrecosto de 92 por ciento y que se retrasó por años su puesta en operación.

En 2014 inició su construcción. En cinco años, su presupuesto casi se duplicó por sobrecostos, de los 17 mil 692 millones de pesos que inicialmente se tenían contemplados, pasó a 33 mil 953 millones de pesos. 

En total se entregaron 32 contratos, algunos de ellos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El órgano fiscalizador halló desde deficiencias en las licitaciones, hasta irregularidades por más de 621.8 millones de pesos.  Las observaciones emitidas cuestionan tanto el desempeño de las empresas contratistas, como el papel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Los seis principales contratos, equivalentes a casi 70 por ciento del presupuesto, fueron entregados a constructores y proveedores que gozaron del favoritismo del ex presidente y que en la actual administración continúan firmando convenios.

La obra civil se dividió en tres tramos: Viaducto 1, Túnel y Viaducto 2. Además de los contratos para suministro de material rodante, elevadores y escaleras eléctricas, y construcción de talleres y cocheras. Tanto la obra del Viaducto 1 como la del Túnel registran sobrecostos. 

En el caso del Viaducto 1 se firmaron al menos una decena de convenios modificatorios con los que el costo se elevó en más de 1,143 millones de pesos; es decir, el 37 por ciento y el plazo de entrega se prorrogó desde octubre de 2016. En el caso del túnel, cuyo costo se elevó a 6,193 millones de pesos, es decir, 32.9 por ciento más, debía estar concluido en marzo de 2017; sin embargo, en nueve convenios modificatorios se fueron agregando plazos.

En ambos casos quien firmó y avaló las asignaciones fue Pablo Suárez Coello, en su carácter de director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT. 

El túnel se le encargó al Consorcio Tunel Guadalajara, S.A.P.I. de C.V, contrato DGTFM-25-14, conformado por Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V., Mota-Engil México S.A. de C.V., Constructora RAL de Occidente S.A. de C.V. y Sacyr Construcción de México S.A. de C.V., que controla el grupo, para la construcción del túnel, pozo de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y salida, 5 estaciones subterráneas y CETRAM subterráneo, de la ampliación del sistema del Tren por un monto de 4 mil millones de pesos más IVA.

Mientras que el Viaducto 1 se le adjudicó, a través del contrato número DGTFM-14-14, a CONSORCIO GDL VIADUCTO, S.A.P.I. DE C.V., conformado por Sacyr Construcción S.A; Mota Engil México S.A. de C.V; Grupo Desarrollo de Infraestructuras S.A. de C.V. y Trena S.A. de C.V; para la construcción del viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo, 7 estaciones elevadas y adecuación urbanística en Zapopan, por 2 mil 646 millones de pesos más IVA. 

Según una investigación de Univisión, el grupo recibió del gobierno mexicano, de 2012 a 2015, más de 770 millones de dólares en contratos, principalmente a través de Pemex. Mientras que la portuguesa Mota-Engil, obtuvo al menos 10 mil millones de pesos en contratos desde su llegada a México en 2007.

Ante los sostenidos señalamientos en la prensa, Mota-Engil solicitó derecho de réplica. En una de sus cartas justificó: “las modificaciones en monto y plazo que se señalan en esta obra son resultado de ampliaciones o cambios al proyecto original solicitadas por autoridades estatales, así como la suspensión temporal de trabajos por retraso en el otorgamiento de licencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dichas modificaciones se encuentran debidamente documentadas en el expediente de la obra”.

Tras 15 meses de que se puso en marcha la obra, no ha habido castigo para los responsables de los retrasos y fallas; por el contrario, en 2020, el encargado para América Latina de Mota Engil, Joao Pedro Parreira, en la supervisión de trabajos del Tren Maya, se comprometió frente al presidente a terminar en tiempo, forma, calidad y costo las obras que le fueron asignadas en el mega proyecto estrella de la cuatro T. 

El auditor Suprior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo; Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública y el subsecretario de Transportes de la SCT, Carlos Alfonso Morán Moguel, se mantienen atentos para comprobar si pueden cumplir o no su promesa.

*** Confianza quebrantada

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en el pasado su confianza hacia la exmiembro de la Ayudantía, Paloma Rachel Aguilar, aspecto que habría de replantearse pues con la apertura del proceso IA-006E00002-E84-2021 para adquirir el servicio de limpieza, han brotado nuevas críticas hacia el desempeño de la administradora de Recursos y Servicios del SAT, quien habría errado al momento de realizar el formato para la entrega de propuestas económicas, ya que más de un representante del sector asegura que enfrentó serias dificultades para que sus costos se apegaran a lo asentado por Hacienda.

Y es que la dependencia de Rogelio Ramírez, elabora un Contrato Marco en el que se asientan disposiciones generales para la compra del aseo, entre ellas un tabulador con “precios de reserva”. 

Se trata de un desatino que impactaría directamente en las metas de ahorro que se ha planteado el gobierno actual; pero a las preocupaciones de los concursantes se añaden supuestos favoritismos hacia Tasefi S.A de C.V., cuya cotización asciende a 5.2 millones de pesos mensuales, para las oficinas que el organismo de Raquel Buenrostro tiene en la Ciudad de México.

*** Contratistas bendecidos

Los proveedores del Gobierno Federal se mostraban intranquilos con la llegada de la 4T al poder, sin embargo, no todo ha sido negativo para este sector que navega en silencio esperando que nadie los mencione, por ejemplo, uno de los contratistas bendecidos con el cambio de administración federal ha sido Expertos en Cómputo y Comunicaciones S.A. de C.V., una firma prácticamente desconocida para usuarios, pero muy sonada entre funcionarios públicos, puesto que sus dueños Eduardo Salvador González Leyva, Héctor Armando López Pineda, Ronaldo Frías Font y Héctor Serrano Plasencia han acumulado 18 contratos que suman más de 569 millones de pesos, en tan solo tres años de “austeridad republicana”.

Aunado a que la firma ha obtenido buena parte de sus ganancias a través de adjudicaciones directas, también se observan posibles irregularidades en procedimientos vía licitación. Uno de ellos en Oaxaca bajo el número LPN-SA-SF-0014-08/2020, pues durante su desarrollo Expertos en Cómputo y Comunicaciones fue la única en presentar propuesta, por lo que no tuvo a nadie que le hiciera competencia. 

Eso no es todo, ya que desde plataformas locales se apuntó a supuestos tintes de colusión con servidores públicos, sin olvidar que los usuarios de la infraestructura de telecomunicaciones que se prometía tener “a punto” en la Ciudad Judicial, habrían dado señales por interrupciones constantes en la red de internet.

*** UIF, tras los Sesma Suárez 

TOME NOTA *** El panorama se antoja cada vez más tortuoso para Guillermo Sesma Suárez, pues su nombre figura en la lista de los 79 investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Pablo Gómez. De acuerdo con esta versión, se ubica en el lugar 40 al vincularse con la offshore Ferrara Mundi S.A., que tiene como paraíso fiscal al conocido Panamá, fue constituida por el despacho Alcogal, y en la cual opera como propietario junto con Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y esposa de su hermano Jesús Sesma, coordinador de Alianza Verde en el Congreso de la CDMX. 

Es así que estos dos personajes también aparecen en el documento aunque con los números 39 y 38, respectivamente, ya que el también dirigente del Verde Ecologista en la urbe podría ser beneficiario de las operaciones de su cónyuge, ya que ha movido 68.7 millones de pesos sin explicación, aunado a que Ordaz Castañón se vincula además con offshores como Soho LLC, Borgia LLC y Blackforest LLC, con las que se hizo de cuatro propiedades en San Antonio, Texas.