Visión Financiera/Georgina Howard

¿Y las prestaciones apá?

Entre las frases favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador surgen constantemente algunas como “por el bien de todos, primero los pobres”, o en su defecto, “por encima de la ley, nadie”, no obstante, siguen sin solución los problemas que aquejan al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), donde manda Rafael Guerra Álvarez, para que fluyan los recursos que corresponden a prestaciones de unos 10 mil trabajadores. 

Lo comento porque la situación se encuentra al límite, pues la valera encargada en 2020 de la dispersión de los bonos navideños se enfrentó a más de un obstáculo para cumplir con su meta, por lo que además de los retrasos por parte de la autoridad, encaró quejas de los usuarios. 

UP Sí Vale fue la proveedora afectada, pues se sabe que el caso no acabó ahí, ya que la compañía de Gerardo Yépez reclama unos 220 millones de pesos pendientes y no parará hasta recuperarlos; sin olvidar que la entrega de la ayuda fue suspendida en su momento justo por los incumplimientos del Tribunal, quién sigue sin explicar dónde está el recurso.   

Finalmente, al término de 2021 el TSJCDMX eligió a Toka Internacional para que tomara en sus manos el servicio, pero el equipo de Guerra Álvarez repitió la historia, y la firma a cargo de Hugo Villanueva Cantón ha tenido que sortear las mismas dificultades.  

Esto, a pesar de que tenía toda la infraestructura dispuesta para cumplir en tiempo y forma con el contrato. Por lo que la estrategia de los miembros del Tribunal ha sido culpar a la empresa y proceder con el bloqueo de las tarjetas. 

Entre los detalles que más preocupan, figuran reportes sobre las supuestas intenciones del Oficial Mayor, Sergio Fontes, por hacer negocio al recurrir a una nueva valera, sin importar que los tropiezos recaigan en la ausencia de liquidez.  

Las versiones también apuntan a que la situación no es desconocida para el secretario de la Contraloría General capitalina, Juan José Serrano, ni para la secretaria de Finanzas en la urbe, Luz Elena González, quienes tienen como principal interés garantizar los beneficios para los trabajadores, en apego a la legalidad, esto instruido por la propia Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. 

A esto se suma que el escándalo ya llegó a la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (ASEVAL), que preside Marco Martínez Vázquez, quién está al tanto del caso y ya notificó a sus agremiados, por lo que se estima casi imposible que otra compañía acceda a proveer el servicio.

*** Desconfianza en ascenso

El cambio de año no traerá consigo modificaciones en el modus operandi de la administración actual, donde se prepara la asignación de un nuevo contrato sin competencia de por medio. 

Se trata de Canal 11 de Carlos Brito Lavalle, pues el 28 de diciembre el subdirector de Recursos Materiales y Servicios, Álvaro Vargas, captó atención de las posibles proveedoras para que cotizaran el aseo de sus instalaciones de enero a febrero de este año, pues el contrato en curso culminaba el día 31. 

El problema es que hasta esa fecha aún estaba en curso la adquisición por invitación restringida C11-I3P-017-21, la cual se declaró desierta hasta el 29 del mes pasado, por lo que se han hecho escuchar versiones sobre que Vargas González tiene a una empresa favorita. 

Pero eso no es todo, ya que la desconfianza sobre su desempeño fue en escalada ya que el procedimiento C11-I3P-016-21 corrió con la misma suerte, pero el 17 de diciembre, cuando se informó que tampoco habría una firma victoriosa. 

Sobre este funcionario público se sabe que ya ha tenido tropiezos en el pasado, mismos que lo llevaron a que el Órgano Interno de Control (OIC), de Julieta Muñoz Olmos, recibiera más de una solicitud para investigarlo.

*** El poderoso CRT  

Sin duda alguna, Tatiana Clouthier, titular de Economía, debería revisar con lupa lo llevado a cabo por le Dirección General de Normas (DGN), a cargo de Alfonso Guati Rojo, pues todo indica que no quiere que le hagan competencia al Consejo Regulador del Tequila (CRT), de Miguel Ángel Domínguez Morales. Y es que, en tan solo 36 horas esta autoridad recibió una denuncia, la analizó y notificó de una multa de casi 360 mil pesos para un nuevo organismo que pretendería ser una competencia del poderoso ente tequilero.

La querella la inició el CRT en contra de Spirits of México, que preside Alberto Esteban Marina, y que pretende competir en el mercado de servicios de evaluación de la conformidad del tequila. La razón fue publicidad engañosa ya que, en su página, que aún se encuentra en construcción, este organismo promociona sus servicios de evaluación de la conformidad a la norma correspondiente.

Lo que causa sorpresa es que, la página ni siquiera está abierta al público en general y la NOM 006-SCFI-2012 de bebidas alcohólicas-tequila-especificaciones, aún se encuentra en proceso, por lo que más bien parece un caso de espionaje industrial al cual se prestó dependencia. Un viejo dicho dice, ¿piensa mal y acertarás?

*** Bolseros por desarrollo sostenible 

TOME NOTA ***  En los últimos años, la Economía Circular ha cobrado suma importancia para atender la preocupación de todas las industrias ante el aumento de plásticos a nivel mundial, pues mediante este modelo se busca que dicho material alcance una alta tasa de reciclaje y reutilización, al tiempo de reintegrarlo a la cadena de valor y transformarlo nuevamente en materia prima. 

Por ello, los Industriales de Bolsas Plásticas de México (Inboplast), liderados por Álvaro Hernández, están convencidos de que la recuperación de estos residuos es una actividad vital para mantener al sector comprometido, por lo que han incorporado dentro de sus procesos el reducir una alta cantidad de materia virgen. 

Aunado a ello, desde el 2020 diseñaron y elaboraron su Plan de Manejo de Bolsas Películas Plásticas comercializadas en México, todo esto ya en manos de autoridades federales, locales y legisladores.