Visión financiera/Georgina Howard

Cortina de humo

En los pasillos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Arturo Reyes Sandoval, se comenta la creación de una cortina de humo entorno a las polémicas compras de productos o servicios. Para nadie es desconocido que se ha denunciado ya desde diversas células, el supuesto uso a discreción de los recursos del pueblo.

La situación se ha tornado insostenible, ante ello, las versiones relatan que la opción del director de Administración, Javier Tapia, habría sido separar del cargo a su director General de Recursos Materiales, Noel Miranda Mendoza.

Así, aunque el adiós del funcionario no se ha hecho público, se vislumbra el anuncio como flamante resultado de la lucha contra cualquier mala práctica, pero uno de los problemas que salta a todas luces es que no solo a él se le ha mencionado como parte de un entramado dedicado a favorecer intereses particulares.

Uno de los servidores públicos que aparece recurrentemente al centro de las acusaciones por supuesta corrupción es precisamente Tapia Santoyo, quien incluso figuraría en las denuncias penales que ha interpuesto la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro), que preside Silvio Octavio García Rodríguez.

De acuerdo con la organización, la demanda de miles de estudiantes es que se detenga la vulneración de sus derechos, pues entre las supuestas compras amañadas se han detectado deficiencias en el aseo y desinfección de espacios que brinda Joad Limpieza y Servicios, empresa contratada por más de 300 millones de pesos a partir del 22 de febrero pasado.

Pero contra el desempeño de la compañía relacionada con José Juan Reyes Domínguez no solo han surgido los señalamientos de la Conapro, pues el 75% de los administradores de contrato en los 105 inmuebles de Ciudad de México han asegurado que incluso les pidieron llenar las listas de personal como si asistiera el máximo permitido, en contraste, se opera con el número mínimo de afanadores.

Otra de las misivas enviadas a autoridades como la secretaria de Educación, Delfina Gómez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, describe que los empleados no fueron afiliados a tiempo en el IMSS de Zoé Robledo, o al menos, la firma no lo comprobó dentro del plazo marcado por la ley, lo que debería traer consigo la rescisión del respectivo acuerdo.

Asimismo, entre las quejas e incumplimientos se apunta a errores y ausencias en la integración de la propuesta, situación que debía tener como desenlace que no pasara las evaluaciones, y por tanto, quedara descalificada del proceso IA-011B00001-E32-2022. Pero al no ocurrir eso, los inconformes desmenuzan que también hubo retrasos en la entrega de uniformes, maquinaria y equipo, luego que fue elegida proveedora.

Se trata de un servicio de alta importancia ante la pandemia que aqueja a la población mundial, por lo que para nadie fue extraño que las peticiones de indagación también se hayan hecho llegar al Área de Auditoría Interna, de Bernabé Núñez, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares, y la Función Pública, de Roberto Salcedo. ¿En qué momento responderán las autoridades?

*** Foro We Lead

Este 26 de marzo a las 9:30 de la mañanainiciará el foro online gratuito Nosotras Lideramos.

Regístrate en www.welead.com.mx, donde más de 20 emprendedoras hablarán de cómo poner más dinero en manos de las mujeres, a través de diversos paneles.

Reactivemos la economía con perspectiva de género.

Empatía: el camino hacia una verdadera inclusión financiera.

El poder secreto de las emprendedoras.

De emprendedora frustrada a empresaria: ¡Cambiemos nuestras creencias!

Empresas con propósito.

*** TMM levanta la mano en AIFA

Esta semana se puso en marcha una de las obras insignia del gobierno de la 4T. Se trata del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a cargo de Isidoro Pastor. Mismo que tiene como objetivo el fortalecer la competitividad de la economía a nivel regional, y por supuesto, nacional.

Así, no es extraño que el lugar esté listo para catapultar las actividades logísticas que se desarrollan en el Valle de México, por lo que una de las empresas con mayor tradición en el ramo levantó la mano y salió avante para arrendar y operar durante 10 años, un almacén de carga aérea con 5 mil 184 m2 de superficie, totalmente fiscalizado.

Se trata de Grupo TMM, que integró la oferta más sólida en términos técnicos, administrativos y tecnológicos, sin dejar de lado los ahorros.

El proyecto liderado por Flor Cañaveral Pedrero, Directora General Adjunta, tiene un fuerte enfoque a la innovación, reducción de tiempos y generación de valor, pues ha consolidado su expertise desde hace 67 años, por lo que para nadie resultó extraño que luego de exhaustivas evaluaciones, la confianza fuera depositada en la división de negocio que comanda Luis Limón Guajardo, TMM Almacenadora. Enhorabuena por las inversiones realizadas, pues los beneficios serán para la comunidad.

*** ¿Y el pago a proveedores?

Con el ojo cuadrado se quedaron todos los proveedores del gobierno de Baja California Sur, de Víctor Manuel Castro Cosío, que siguen suplicando para que la administración actual les pague los adeudos.

Y es que recientemente funcionarios como el secretario General de Gobierno, Homero Davis Castro, y la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, anunciaron con bombo y platillo descuentos entre el 50% y 100% en la expedición de licencias de conducir, revalidación vehicular, impuesto sobre tenencia, así como el impuesto sobre enajenación de bienes muebles y adeudos de vivienda y terrenos comprados al Gobierno del Estado, y los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.

Sin embargo, las acciones se dan en plena veda electoral y, tomando en cuenta que el gobierno estatal solo ha dado largas a sus proveedores, entre ellos las valeras, las cuales ya prestaron sus servicios para las prestaciones de fin de año de los cientos de trabajadores del gobierno estatal.

*** Daño al erario

TOME NOTA *** Al interior del IMSS, de Zoé Robledo, revisan a detalle lo sucedió en la delegación Tamaulipas, a cargo de Velia Silva Delfín, en cuanto al proceso de compra de cartuchos de tóner para este 2022, pues sin duda será una tragedia para el erario público, siendo asignado en el acta de fallo el empresario chihuahuense Lorenzo Bujaidar Blackaller y su empresa Grupo Paliba S.A. de C.V.

Y es que, desde el principio, diversos participantes señalaron a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, que lleva David Adonai Cano Córdova, en un directo apoyo a la marca estadounidense Lexmark, en particular para su cartucho remanufacturado de 6,000 impresiones, de capacidad tres veces menor al tóner nuevo y no reciclado, adquirido por la misma delegación el año pasado a un precio unitario de $3,873 pesos.

Este año, el daño a las arcas del IMSS se centran en que, el cartucho reciclado de 6,000 páginas de rendimiento de Lexmark ofertado por Grupo Paliba, tuvo un precio unitario de $4,867.01 pesos, es decir, 25% más alto que el precio del cartucho de 18,000 páginas adquirido el año pasado y a menor precio.

Pero lo peor no es eso, pues la delegación tenía un presupuesto asignado para este evento de 23.8 millones de pesos, cuando el total de la propuesta ganadora fue de 36.6 millones de pesos, es decir, 35% más caro que lo presupuestado, por lo que, debido al sobreprecio adjudicado, deberán reducir la cantidad de cartuchos a adquirir, lo que se traducirá en que se impriman tres veces menos recetas a los derechohabientes en Tamaulipas.