Visión Financiera/Georgina Howard

En la mira, Función Pública

Un caso que se dará mucho de qué hablar será la inhabilitación y multa que impuso la Secretaría de la Función Pública a las farmacéuticas Lomedic y Laboratorios Solfrán, las cuales, de forma equívoca fueron vinculadas con el exdelegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí, quien también es un personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Según explicó la dependencia, se inhabilitó por dos años y seis meses a las empresas por falsear información al participar en contrataciones públicas, al no informar que uno de sus integrantes era diputado federal.

¿A quién se refería? A quién se le olvidó decirle a la secretaria Irma Eréndira Sandoval que Lomelí Bolaños no es socio de Laboratorios Solfrán y que dejó su participación accionaria en Lomedic hace siete años, fecha que ni siquiera coincide con su periodo como legislador de Morena.

La determinación de la SFP apunta hacia un Tribunal Federal, debido a que el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles puntualiza que la “sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones”.

Además de la inhabilitación, la Dirección General de Controversias y Sanciones Públicas de la SFP aplicó multas idénticas de más de un millón de pesos a ambas empresas, lo que resultaría violatorio del principio de proporcionalidad, pues impuso una sanción económica tres veces más alta que los contratos revisados.

Más delicado es lo que se observa en el artículo 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, que claramente establece que cuando no hay daño patrimonial, la SFP puede abstenerse de iniciar investigaciones; en dado caso, la dependencia debió acudir a la Unidad Normativa de Contrataciones para determinar si iniciaba o no las investigaciones.

En resumen: ninguna de las sanciones aplicadas afecta la figura de Carlos Lomelí pues no era socio de las farmacéuticas, las empresas investigadas jamás causaron daño patrimonial a la Nación, así que la resolución podría ser revertida en un Tribunal Federal y dejar mal parada la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador; menudo favor de la SFP a la 4T.

*** Contrataciones dudosas en el IPN

Urge que en el IPN, al mando de Mario Alberto Rodríguez Casas, intervengan tanto la Secretaría de la Función Pública como Hacienda, de Irma Eréndira Sandoval y Arturo Herrera, respectivamente, ya que fueron detectadas una serie de irregularidades para adquirir el servicio de limpieza, las cuales involucran violaciones al Contrato Marco elaborado por ambas dependencias.

Pero eso no es todo, ya que el Órgano Interno de Control (OIC), de Rubén Gómez, se niega a continuar con la licitación mientras se llevan a cabo las investigaciones. Lo más grave es que el tiempo transcurre mientras la firma Gott und Glück permanece como proveedora, a precios más altos que los de las empresas participantes en la licitación detenida.

Así, expertos en el sector aseguran que tanto miembros del Instituto como del OIC se habrían coludido para beneficiar a la contratista, suposición que en caso de cumplirse va en detrimento del resto de las concursantes, además de las finanzas públicas. No extrañe a nadie que los 17 mil 634 millones de pesos que obtenga el poli no alcancen para cumplir la meta cero rechazados.

*** Acreditación educativa

TOME NOTA *** Por primera vez en nuestro país y Latinoamérica la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que comanda Jesús Cabrera, otorgará la aprobación que permitirá certificar el cumplimiento de la Norma ISO 21001:2018:

“Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas: Requisitos con orientación para su uso”, la conmemoración para entregar este aval a la empresa ACCM América, que dirige Luis Cárdenas, se realizará el día de hoy (jueves 19) en la CDMX.

Algunos de los beneficios al hacer uso de esta normativa en planteles educativos son un orden de la misión educativa, visión, objetivos y planes de acción, una educación inclusiva y equitativa de calidad para todos, promover el autoaprendizaje y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, procesos consistentes y herramientas de evaluación para demostrar y aumentar la efectividad y eficiencia además de una mayor credibilidad de la escuela.

Sin duda una gran herramienta que ya tiene en el radar Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).