Visión financiera/Georgina Howard

El conflicto del Caballo Azteca

En Campeche, el navío petrolero Caballo Azteca se ha convertido en objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General. Este barco, propiedad de la empresa Oceanografía de Amado Yáñez, ha desaparecido en medio de un conflicto laboral entre la firma y un contingente de ex trabajadores.

El 17 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Campeche recibió una denuncia por parte de Doryan Francisco Rodríguez García, representante legal de Oceanografía. El documento revela operaciones fraudulentas y señala la posible complicidad de ciertos funcionarios en la venta del navío por parte de ex trabajadores. Este acto va en contra del estatus de concurso mercantil que presenta la empresa, condición que debería prohibir cualquier acción relacionada con el embargo de sus activos.

En el ojo del huracán se encuentra el empresario Ramón Vadillo Razu, acusado de apropiarse del Caballo Azteca y de venderlo en dos ocasiones; una de ellas por la suma de 14 millones de pesos. Las denuncias alegan que contó con la complicidad de autoridades y otros individuos como Antonio Rueda Medina, Luis Daniel Yáñez Sánchez y José Ángel Glez.

La trama se torna aún más densa cuando se lee en la demanda que los trabajadores que supuestamente se asociaron para combatir “injusticias”, ahora buscan despojar ilegalmente de sus bienes a la empresa que aún continúa en medio de un concurso mercantil, con el apoyo de la junta local de conciliación y arbitraje de Ciudad del Carmen, Campeche, la cual, según Rodríguez García, cedió a las presiones de los trabajadores.

Pero, ¿cómo llegamos aquí? Es esencial recordar que en 2014, Banamex denunció a Oceanografía por un supuesto fraude de 500 millones de dólares relacionado con facturas irregulares y cuentas pendientes con Pemex, que hoy dirige Octavio Romero.

Aunque la deuda nunca fue comprobada por la institución bancaria, esta denuncia llevó a la empresa a ser declarada en concurso mercantil el 8 de julio de ese año, lo que claramente paralizó  sus activos y operaciones.

Si el concurso mercantil de 2014 se hubiera llevado correctamente, no deberían haberse presentado operaciones fraudulentas con los activos de Oceanografía. Sin embargo, se presume que Vadillo Razu orquestó un plan junto a un grupo de trabajadores para despojar a la compañía del navío en cuestión.

La Fiscalía ya ha iniciado acciones legales por fraude y asociación delictuosa en contra de los acusados. Lo que Rodríguez García pide es que la investigación se realice con integridad, y que aquellos que resulten responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la ley. La justicia campechana tiene ahora la palabra.

*** Restos de priísmo

Ahora que el habitante de Palacio Nacional ha puesto en reflector los veredictos poco imparciales en que cae el sistema de justicia mexicano, habrá que voltear a ver al Poder Judicial del Estado de México, en manos de Ricardo Alfredo Sodi, y es que en más de una esfera se comenta que personajes con nexos al antiguo priismo reciben trato especial.

Uno de los ejemplos sería el secretario de Desarrollo Económico local entre 1987 y 1989, Jorge Alfaro Sánchez, quien además ha fundado una serie de razones sociales para vender inmuebles en la entidad junto con el exsecretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, uno de los personajes más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.

En el haber de Alfaro Sánchez resalta Palmas Integra Group, con el que maneja una serie de negocios de múltiples aristas, una de ellas enfocada a casas de empeño como Bazaar y Monte Providencia, en las que acumula quejas por errores de cobro, impagos por perder artículos, o por incumplimiento de las garantías pactadas.

Sin olvidar que ninguna de las dos tiene constancia ante Profeco, ya que la vigencia de sus respectivos registros caducó desde 2017; aunado a esto, también capta especial atención que antes del mandato actual Grupo RJC (otra de sus compañías) no tenía contratos públicos, pero en 2019 se quedó con dos adjudicaciones sin concurso del Fondo de Cultura Económica, a cargo de Paco Ignacio Taibo Mahojo.

*** Mañas probadas en limpieza

TOME NOTA *** Aunque aún no ha sido anunciado el fallo del contrato LA-06-G1C-006G1C001-N-74-2023, para el servicio de limpieza del tren interurbano México-Toluca, se han observado indicios de simulación de empresas que podrían estar vinculadas a José Juan Reyes Domínguez.

Dichas firmas participaron en el concurso presentando cotizaciones con diferencias mínimas y un habitual sistema de escalonamiento de precios.

Por ejemplo, Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México presentó una cotización de poco más de 56 millones de pesos, mientras que Limpieza Jored ofreció 55.6 millones de pesos y Joad Limpieza y Servicios propuso 44.4 millones de pesos.

No es la primera vez que se señala a este personaje como el líder de un grupo que supuestamente se dedica a manipular la competencia, y su modus operandi parece haberse convertido en una tendencia en este sector. Según informes, a lo largo del año, este esquema podría haberle permitido asegurar contratos en el ISSSTE, IPN y el AICM.