Libros de ayer y hoy/Teresa Gil
En el Senado de la República, que preside Mónica Fernández, tienen al Instituto Fonacot entre ceja y ceja luego de que el director, Alberto Ortiz Bolaños, dejó en estado de indefensión a sus acreditados con el Fondo de Protección de Pagos, esquema de reciente creación con el que se pretende cubrirlos en caso de desempleo, invalidez o fallecimiento.
El problema es que los Lineamientos y Reglas de Operación especifican que, aunque los trabajadores realicen puntualmente sus aportaciones, el Fondo solo los respaldará si existen recursos disponibles, pero eso no es todo, ya que en caso de que no haya solvencia el Fonacot queda libre de responsabilidades.
Justo por este detalle, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, adelantó que desde su trinchera ya analizan una propuesta de reforma integral en el Instituto, la cual incluiría al Fondo de “Protección”.
La revisión que se realizará no es menor, ya que a la fecha se han presentado una serie de denuncias tanto en el Órgano Interno de Control como en la misma Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, en donde se expone que el Fonacot fue creado con el único fin de otorgar créditos a los trabajadores, no para ofrecerles coberturas en caso de algún siniestro.
Además, se explica que Ortiz Bolaños habría cometido exceso de facultades al aprobar por sí solo el Fondo y su entrada en vigor a partir del 1 de agosto, situación que lo haría creedor a las sanciones correspondientes a la comisión de faltas administrativas graves, entre ellas destitución e inhabilitación.
Ante ello, no resulta nada extraño que el vicepresidente de la Comisión del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, se incline incluso por desaparecer al Instituto, ya que, desde su óptica, el modelo con el que ahí se opera sólo endeuda a los trabajadores. Próximamente se conocerá el desenlace de las indagaciones.
*** Resguardo de datos
Sin duda alguna los hackeos están a la orden del día en muchos sectores incluyendo el energético como el caso ocurrido en Pemex, de Octavio Romero, por ello el organismo mexicano NYCE, al mando de Carlos Pérez, tiene claro la importancia de la prevención ante ciberataques y a través de la norma ISO/IEC 20000-1 otorga el Sistema de Gestión de Servicios de TI, que administra los servicios soportados por tecnologías de la información y le permiten a las empresas poder enfrentar los diferentes delitos informáticos, e incluso el robo de información por parte de los propios colaboradores de la empresa.
Asimismo, para salvaguardar la información y los datos personales de organizaciones y dependencias de gobierno, cuenta con la Certificación en Protección de Datos Personales que es un esquema vigilado por el INAI; y brinda mediante la norma ISO 27001 el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información que consiste en la seguridad de la información para compañías públicas y privadas.
Y vaya que sus prácticas en la materia son reconocidas a nivel internacional, tan es así que forma parte de los principales organismos normalizadores entre ellos del International Electrotechnical Commission (IEC), manteniéndose siempre al pendiente ante posibles amenazas cibernéticas.
*** El emporio de los Osuna
Al interior de la 4T ha llamado la atención la diversidad de empresas que ha constituido la familia del expresidente municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas, Abelardo Osuna Cobos, y es que, en el Registro Público de Comercio aparecen al menos 25 empresas ligadas a esta familia. Un ejemplo es Car One y sus filiales, firmas dedicadas al arrendamiento, adquisición y venta de vehículos, entre otros objetos sociales, las cuales suman 193 contratos con el gobierno federal del 2006 a la fecha por 797 millones 145 mil 416 pesos.
Este grupo constituyó empresas con variaciones del nombre Car One, como Outlet Car One, Car One Monterrey, Car One Premium y Car One Francesa, entre otras, la mayoría constituidas en Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tan sólo este año, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Car One comienza a sumar contratos con el gobierno federal, nada comparado aún con los 170 contratos por más de 752 millones de pesos que se llevó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Además, la empresa Transpais, parte del mismo grupo, dedicada al autotransporte de pasajeros, ha estado bajo el ojo del huracán por temas sensibles como secuestro de pasajeros, seguridad y migración, además de que se registran varios accidentes de sus autobuses, situación por lo que se sabe es seguida con lupa por autoridades como la SCT de Javier Jiménez Espriú.
*** Hablemos de Política Ambiental
TOME NOTA *** La Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), que preside Daniel Basurto González, celebrará la siguiente semana en Mérida, Yucatán, su Tercer Congreso Nacional, en donde sector empresarial, académico y ONGs debatirán con las autoridades todos aquellos temas de agenda nacional que tienen que ver con la Política Ambiental del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Apunte en las mesas el proyecto del Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.
Destaca la presencia de funcionarios de la SEMARNAT, de Víctor Manuel Toledo, y la Sedatu, de Román Meyer Falcón, junto con autoridades locales como la Secretaría de Desarrollo de Medio Ambiente del Estado, Sayda Rodríguez Gómez, el presidente municipal de Mérida, Renán Alberto Barrera Concha, así como el gobernador de la entidad, Mauricio Vila Dosal, entre otros.