Visión Financiera/Carlos Howard

Con la Reforma Fiscal de 2014 se pensaba que la emisión de vales de despensa se vería afectada debido a la modificación del esquema de vales de papel a monederos electrónicos, sin embargo, esto no ha ocurrido, y actualmente este recurso contribuye a satisfacer las necesidades de más de 8 millones de trabajadores y sus respectivas familias, según datos de la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval) de Marco Antonio Martínez.

Sin embargo, el fortalecimiento que ha tenido este sector no ha beneficiado a todos de la misma manera. En México existen alrededor de 30 empresas valeras, pero en los últimos meses hay una que está arrasando este nicho en el sector público.

Se trata de Suven SA de CV, de Oralia Méndez García, la cual se dedica al desarrollo de tarjetas electrónicas para proveer vales de despensa, alimentación, gasolina y viáticos, y tiene como accionistas a Delia Méndez García, Francisco Pérez y José Iván Pérez Juárez.

La empresa mexicana ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, era desconocida dentro del sector de los vales hasta hace unos años. No fue sino hasta el 10 de mayo de este año, que recibió vía la autorización 600-01-06-2017-55135 el aval para competir en las licitaciones del gobierno federal. Hablamos de un mercado de más de 100 mil millones de pesos anuales sólo entre despensa y alimentos.

Se sospecha que la empresa operada por los hermanos Pérez Juárez ha sido bondadosamente beneficiada, ya que ganó un contrato de 10 millones de pesos en la Condusef, de Mario Di Costanzo, cerca de dos meses antes de ser autorizada por la autoridad correspondiente.

Este hecho no pasó desapercibido, por lo que se presume que en próximos días se presentará una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de Juan Manuel Portal, para solicitar que se investigue el origen de los recursos de los principales accionistas de la empresa.

Ante esta serie de irregularidades, es necesario estar alerta, ya que están cerca las licitaciones más importantes en esta materia: las de fin de año, mismas que concentran alrededor del 70% de lo que se compra todo el año en vales.

Habrá que tener la lupa en esta empresa y en las licitaciones en las que participe, para saber a qué se debe tanto consentimiento.

En este espacio hemos seguido de cerca la disputa legal por más de mil 100 hectáreas entre el ejido de La Sierrita, en Torreón, Coahuila, y la mina La Platosa. Pues resulta que el Tribunal Colegiado además de otorgar el amparo a la minera canadiense Excellon, de Brendan Cahill, le acaba de pasar la estafeta al Tribunal Agrario para que emita una resolución final.

Será entonces el magistrado agrario José Lenin Rivera quien resuelva el caso que pone en juego la continuidad de una empresa que ha invertido más de 3 mil millones de pesos desde 2009, y que a la fecha genera más de 350 empleos directos en las comunidades de Bermejillo y Mapimí, región que en gran parte vive de esta actividad económica.

Quienes conocen detalles del proceso legal destacan que parece que la firma canadiense ganará esta, pues la rescisión del contrato surte efectos desde el momento en que una de las dos partes incurre en algún incumplimiento del mismo, por lo que el bloqueo de 100 días que realizó el ejido en 2010, les podría provocar que pierdan el juicio.

Por otra parte, se sabe que directivos de la empresa canadiense han externado que ante la falta de certeza jurídica estarían evaluando la posibilidad de migrar la operación hacía Sudamérica, lo que sin duda sería un duro golpe a la economía no sólo local, sino nacional, situación que ya tiene en el radar Economía, de Ildefonso Guajardo.

La Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE), que dirige Pedro Cano, está abogando porque las empresas se comprometan para revertir los estragos que está ocasionando el cambio climático, que en el caso particular de la Ciudad de México se ha manifestado a través de calor, contaminación del aire y fuertes lluvias que han provocado inundaciones que hacía años no se presentaban.

En este tema entra SIGE, organismo que busca consolidar la competitividad a nivel mundial de las empresas mexicanas mediante la implementación de las normas internacionales como la ISO 14001 para mejorar la gestión ambiental.

Este tipo de certificaciones permite a las empresas demostrar su compromiso y el cumplimiento con los parámetros de protección del medio ambiente vigentes en las leyes mexicanas, además de que se ven beneficiadas a través de un ahorro importante en los recursos y materias primas que requiere para sus procesos.