Visión Financiera/Carlos Howard

Los retos de Carlos Joaquín

A Quintana Roo, la entidad que tiene uno de los mayores índices de turismo en México, el nuevo gobernador Carlos Joaquín (PAN-PRD) llegará al poder, después de que su antecesor y todavía mandatario, el priista Roberto Borge, tomara algunas previsiones para garantizar su retiro.

Para contrarrestar ese golpe, Roberto Borge, actual gobernador, convocó a un periodo extraordinario para aprobar una serie de medidas promovidas desde la gubernatura que fueron bautizadas como el “paquete de impunidad”.

El Congreso de Quintana Roo aprobó en ese extraordinario la transformación de la Procuraduría estatal en Fiscalía; de nombrar un Fiscal antes de la toma de protesta de Joaquín, éste duraría siete años en el cargo –todo su sexenio–.

Además, el Legislativo, aprobó un aumento de la deuda del municipio de Solidaridad –que será gobernado también por la coalición PAN-PRD– por más de mil millones de pesos. El todavía gobernador busca nombrar a dos magistrados numerarios y un supernumerario en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Con esto, busca protegerse de cualquier acción en su contra y es que en su sexenio la deuda estatal pasó de 10 mil 37 millones de pesos en el 2010; a 22 mil 442 millones en el 2015. Lo bueno de todo esto es que Quintana Roo conocerá por primera vez la alternancia. El 25 de septiembre, cuando Joaquín tome protesta, será el primer mandatario de un partido diferente al PRI.

Pago para que no me peguen

De acuerdo con un análisis puntual realizado por el diario Luces del Siglo de Cancún, el gobierno de Roberto Borge gastó mensualmente 9 millones 680 mil pesos por los servicios de 16 proveedores de medios de comunicación para difundir una imagen “positiva” de su gobierno, según consta en un documento difundido en las redes sociales por el grupo “@Anonymousqroo1”.

Bajo el pretexto de que “el fin justifica los medios”, a lo largo de su gobierno Roberto Borge se ha caracterizado por la cooptación de periodistas: contratos de publicidad, viajes, donaciones, pago a columnistas bajo estipendio del erario y gratificaciones. Hace unas semanas, la administración de Roberto Borge negó un contrato millonario de su gobierno con Televisa, el cual desató un escándalo.

Según un documento el gobierno de Quintana Roo pagaba a la televisora 60 millones de pesos mensuales por “hablar bien del estado”. Ahora ha salido a relucir un documento que pone en evidencia a conspicuos periodistas de El Universal; Antonio Navalón, Ramón Alberto Garza y Armando Estrop, de Reporte Índigo; lo mismo que a un renombrado conductor de Televisa y de MVS.

En las redes sociales comenzó a circular un documento que “@Anonymousqroo1” se reivindica como propio donde aparecen empresas de comunicación y periodistas que reciben el pago de “servicios profesionales” que van desde un millón de pesos mensuales hasta los 20 mil pesos por “servicios de análisis”.

Mes a mes el Grupo Radio Fórmula recibe un pago mensual de 1 millón de pesos del gobierno de Roberto Borge con el propósito de ensalzar a su administración.  El periódico Excélsior y el Canal 28 de televisión y su estación de Radio Imagen perciben un pago mensual de 500 mil pesos, cantidad similar a la que se paga a Reporte Índigo.

Otro de los beneficiarios es el Grupo Milenio que factura 1 millón de pesos mensuales por sus servicios al gobierno de Quintana Roo. La revista Rumbo y el diario Cambio y su estación de radio de Luis Maccise en conjunto cobran, cada mes, 550 mil pesos.

Otros beneficiaros son Othón González Ruiz que tiene una página digital, quien devenga 40 mil pesos mensuales, y Detrás de la Noticia de Ricardo Rocha. Aparece en la lista una periodista de nombre Esther Gómez Orozco, de la ciudad de México, que cobra 20 mil pesos por “brindar” un “análisis comunicativo”.

La nómina también incluye a Edgar Zapata de Prime Effect S.A. de C.V., a quien le pagan 280 mil pesos por sus servicios, en tanto que al conductor Gustavo Rentería Villa le otorgan 50 mil pesos mensuales para su revista electrónica “Libertas”.

A José Luis Montañés Aguilar, del diario Imagen, le erogan 200 mil pesos y Alejandro Puente de Latin-American Broadcasting Industries S.A. de C.V. le facturan 300 mil pesos cada treintena. El derroche de recursos públicos a través de la Unidad del Vocero incluye a un número indeterminado de periodistas tanto de la ciudad de México como del estado de Quintana Roo, quienes cobran por sus “servicios profesionales” al gobierno del Estado.

Borge, un pillazo

TOME NOTA *** Sin duda las pruebas están sobre la mesa, con todo y los chayos otorgados a algunos colegas quienes, por supuesto, ahora le voltearán la espalda a Borge y le estirarán la mano a Carlos Joaquín González, ojalá sepa diferenciar.

Pero las pillerías de Borge no se quedaron sólo en esa y en múltiples fraudes que hemos denunciado en este espacio, también lo acusan de apoyarse en juicios laborales falsos para despojar a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias. Lo señalan, incluso, de ser el responsable de despojar terrenos y hoteles en Tulum, embargado condominios en Cancún, y se ha apoderado de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.

Estos actos han sido legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos es Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.

Otros funcionarios implicados: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.

El 23 de mayo de 2014, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres funcionarios más de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún –que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local– irrumpieron en el hotel Playa Azul, en Tulum. Ahí, sin identificarse ni mostrar alguna orden por escrito, y con el apoyo de policías municipales armados, despojaron al ejidatario Joel Tovar de 4 mil 500 metros cuadrados de tierra, y dejaron al español Andrés Pérez sin los ahorros que invirtió en el hotel que administraba desde hacía cinco años.

Ese día, lo mismo ocurrió en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Sólo por estos cuatro casos de despojo, cuyos expedientes están en poder de Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

El despojo en el hotel Plaza Azul ocurrió luego de que dos particulares –quienes aseguraron haber trabajado en dicho hotel ganando sueldos mensuales de 753,234 pesos, tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto– interpusieron un juicio laboral contra las personas que dicen ser dueñas de esa franja de costa en Tulum. Jamás mencionaron los nombres de Joel Tovar y Andrés Pérez.

A pesar de que Joel y Andrés dicen que no se les notificó del juicio en su contra, y de que nunca conocieron a los supuestos demandantes, la justicia de Quinta Roo los condenó a pagar 200 millones de pesos a esos empleados. Para hacer efectivo el pago, embargaron el terreno y el hotel. Así las cosas.

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