Vuelta urgente/Néstor Ojeda

La contratación de 500 médicos cubanos como parte del acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y el dictador Miguel Díaz-Canel ha desatado la indignación y rechazo de toda la comunidad médica mexicana; pero no sólo eso, ha puesto la lupa las denuncias internacionales sobre el trabajo esclavo al que son sometidos los profesionales de la isla en las llamadas “misiones internacionalistas”.

Es la ONU la que cataloga este tipo de acuerdos como “trabajo forzoso”. A comienzo de este año la ONG Prisoners Defenders  presentó un informe con más de mil testimonios de profesionales cubanos víctimas de esclavitud y trabajo forzado mediante las misiones internacionalistas. (ABC, Madrid, 11/05/22)

Las violaciones a los derechos humanos de miles de médicos, artistas, ingenieros, marinos y maestros cubanos se confirmaron a través de testimonios que establecen que la mayoría no participa de manera voluntaria, sólo recibe el 20 por ciento de sus salarios y el régimen cubano les retiene los pasaportes y se queda con el 80 por ciento de su sueldo.

Además, son sometidos a la llamada “ley de los ocho años”, que les prohíbe volver a Cuba durante ese tiempo si no regresan al país tras terminar su “misión” y son calificados como “desertores” e “indeseables”. 

Pero no es el primer acuerdo de este tipo entre la 4T y la dictadura cubana. Latinus reveló en febrero pasado que durante la pandemia el gobierno de AMLO trajo médicos cubanos y que en 2021 Conacyt pagó en 34 millones de pesos a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., una sociedad anónima creada en 2011 y acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados.

Este anuncio de López Obrador en La Habana ha provocado que 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México enviaran el 9 de mayo una carta al Presidente para manifestarle su “profunda desaprobación y enérgica protesta” por la medida y su rechazo a la contratación de médicos cubanos porque en nuestro país, sostienen, “no faltan médicos, faltan plazas bien instaladas, salarios dignos, seguridad, medicamentos y equipo”.

Pero no sólo eso, afirman tajantes que en el país hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República, pero que muchos de ellos o están desempleados o tienen bajos salarios o tienen que ejercer en zonas de inseguridad extrema que “han sido injustamente relegados privilegiando a médicos extranjeros”.

Y para comprobarlo basta recordar cómo el gobierno de la 4T durante la pandemia contrató médicos a los que prometió plazas y luego fueron despedidos.

Esta medida la consideran las agrupaciones médicas como “un agravio al gremio médico mexicano” ya que estos estos doctores cubanos no cuentan con los requisitos de las leyes mexicanas y sus competencias no están certificadas ni avaladas por los colegios de profesionistas nacionales. 

Y dentro de este agravio incluyen la falta de reconocimiento en los hechos de parte del gobierno de la 4T a los médicos mexicanos que han estado en la primera línea de combate a la pandemia de COVID-19 hasta pagando de su bolsa equipos de protección personal.

En fin todo esto se inscribe en el alineamiento de López Obrador con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, mal augurio para la democracia mexicana confirmado con su negativa a participar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles si no son invitados estos regímenes autoritarios.

Vuelta al Tuzobús

Algo malo pasa en Hidalgo en la víspera de la elección de gobernador. Hace poco más de un mes la Secretaría de Movilidad y Trasporte del estado retiró con lujo de violencia la concesión de la operación del Tuzobús (el Metrobús de Pachuca) a la compañía Vanguardia y Cambió (VyCSA) para entregársela Líneas Urbanas y Suburbanas, empresa que ejerce un cacicazgo en el transporte público de Hidalgo.

El caso es que José Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad, le entregó la concesión a Oscar Montalvo Destunis, líder de Transportistas de Hidalgo y accionista mayoritario de la nueva operadora del Tuzobús quien fuera socio minoritario de la primera empresa a la que se le asignó este medio de transporte articulado y a la que se le revocó el contrato por las numerosas y continuas fallas en el servicio y fue sustituida por VyCSA.

Por esa razón, desde el Congreso del estado exigen se haga una auditoría a la revocación del contrato y la nueva asignación. A ver si el gobernador Omar Fayad resuelve el asunto y no le deja una bomba de tiempo a su sucesor.