Vuelta urgente/Néstor Ojeda

El añejo desprecio al Congreso del Gobierno y el Ejército

Siendo honestos, el desdén con que el gobierno federal trata al Congreso no es nuevo ni se puede atribuir sólo a Cuarta Transformación. Sin embargo, el plantón que le puso a los diputados de la Comisión de la Defensa Nacional el general Luis Cresencio Sandoval enciende focos rojos y urge a los legisladores a tomar medidas debido a la gravedad del hackeo del grupo internacional Guacamaya de miles de documentos confidenciales de la Sedena.

Por desgracia, es el propio Congreso de la Unión el que permite el trato  trato denigrante que le dan a senadores y diputados el gabinete presidencial y hasta funcionarios de menor rango, puesto que la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos le abren la puerta a secretarios de Estado y demás servidores públicos para darle la vuelta a sus citatorios a comparecencia.

Esto porque de entrada no existe una responsabilidad constitucional de parte de los titulares de las dependencias del Gobierno de México para rendir cuentas ante el Congreso, este ejercicio se contempla en esas dos leyes secundarias que de entrada no establecen la obligatoriedad de asistir a esas citaciones y mucho menos establece sanciones a quienes incumplan con esa obligación que sin duda es inherente al ejercicio de la función pública.

Y no es que sea un ejercicio de rendición de cuentas inaplicable, tenemos ahora literalmente ante nosotros un ejercicio claro de la responsabilidad de funcionarios, ex funcionarios y ciudadanos de comparecer y declarar ante un congreso frente a sucesos de gran gravedad y conductas que puedan considerarse ilícitas, tanto en el ejercicio de gobierno como en prácticas económicas, financieras, de derechos civiles, ecológicas y más, so pena de cometer el delito de desacato de no presentarse ante el comité investigador. 

Se trata de la investigación que hace meses conduce un comité legislativo de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y que debido a las conclusiones a las que ha llegado decidió citar al ex presidente republicano Donald Trump por considerarlo como el eje de “un plan multipartes para revertir el resultado electoral de las elecciones de 2020” que llevaron al demócrata Joe Biden a la presidencia.

En Estados Unidos las comparecencias ante el Congreso son desde su fundación una práctica recurrente de carácter obligatorio y hoy somos testigos como hasta un ex presidente puede ser llamado a cuentas.

Pero resulta que en México cualquier secretario de Estado, en este caso el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, ¡pueden dejar colgados, plantados, ignorados y desdeñados a los senadores y diputados! Ante quienes tienen la obligación republicana de proporcionar información y rendir cuentas ¡Es verdaderamente escandaloso y vergonzoso!

Y no son pocas las preguntas que surgen del Guacamaya leaks y la fitración de tres terabites de información en miles de documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 A través de ellos hoy sabemos que se detectaron vínculos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la Guardia Nacional en Veracruz, de como el Ejército fue alertado antes de que ocurrieran ejecuciones e incendios en Caborca, Sonora y no hizo nada para evitarlo, como la autoridad militar no actuó contra un alto mando que mató a tiros a un elemento de 25 años e hirió a otro que pretendió denunciar el homicidio y no fue atendido, como estarían metidos en el huachicol funcionarios de la Guardia Nacional, Pemex, la Marina y el empresario de EU Alberto Hamlet, presuntamente vinculado a Adán Augusto Gómez, secretario de Gobernación y precandidato presidencial.

Estos documentos revelan que se destinan siete veces más soldados a perseguir migrantes que a combatir el huachicol, que el Ejército miente o maquilla los números de civiles muertos en sus enfrentamientos con los narcos, también los nexos de nueve ex pilotos de la Fuerza Aérea con el CJNG para el trasiego aéreo de droga, que si bien el CJNG y el Cártel del Pacífico son los grupos hegemónicos, son un total de 70 bandas criminales las que generan la violencia en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero no solo eso sino la intención de los militares de incidir en la vida civil al pretender reformas a las leyes de administración pública, aeropuertos y del servicio ferroviario para hacerse por tiempo indefinido del Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya; también cómo se manda huachicol a Arabia Saudita desde la terminal de Dos Bocas, Tabasco, en lo que denominaron Caso Olmeca, y muchas otras revelaciones más las que se vayan acumulando.

Este caso sin duda abre una cantidad de interrogantes, de entrada sobre la seguridad o vulnerabilidad cibernética de las instituciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional y de todo el gobierno de México.

Pero no sólo eso sino sobre las acciones y denuncias que debería haber realizado la Sedena ante la Fiscalía General de la República por la gran cantidad de delitos que ha detectado, bueno ante todos estos casos que han sido exhibidos hasta el fiscal Alejandro Gertz debería también ser citado por el Congreso.

Esta situación sólo podrá ser superada si el Congreso de manera urgente se da las herramientas y eleva a rango constitucional que los altos funcionarios le rindan cuentas, so pena de incurrir en desacato de no hacerlo, para tomar las medidas correctivas que sean necesarias ante estos crímenes y la opacidad del gobierno. 

Otra cosa solo será sumisión y complicidad de los senadores y los diputados del Congreso de la Unión con la podredumbre que hoy el Ejército y el gobierno federal quieren esconder abajo del tapete.