Vuelta urgente/Néstor Ojeda

Lo que sí y lo que no para el sistema electoral en México

Ciertamente el debate sobre la iniciativa de reforma electoral presentada por Andrés Manuel López Obrador y la resistencia de muchos sectores a su aprobación ha generado gran polémica y debate en la opinión pública, los cuales están llenos de verdades y verdades a medias que al final son simplemente mentiras.

Más allá de la discusión por las encuestas elaboradas por el Instituto Nacional Electoral sobre el tema, hay asuntos que sin duda vale la pena poner en claro dentro de este mar de sentencias, críticas y ataques.

Y es que esta confrontación se vuelve complicada debido a que del lado del gobierno se lanzan argumentos simplistas pero que por su naturaleza son de fácil aceptación en amplios grupos de mexicanos.

Sin duda, si se plantea que queremos que las instituciones electorales y los partidos cuesten menos recursos, pues se ve como algo deseable, o si queremos que los consejeros electorales sean elegidos por el pueblo también o una estructura de operación electoral más ligera y sin duplicidades.

Aunque a la hora de trasladarlo a la realidad la cosa adquiere otro color. Estaría fenomenal que a un costo bajísimo fuera posible tener un coche con un motor súper potente y de gran eficiencia, de fácil manejo, que cumpla con los mayores estándares de seguridad y que además ocupe poca gasolina.

El problema es que la producción de un vehículo con esas características sin duda no puede lograrse a un costo bajísimo. Todos lo quisiéremos pero no es posible y para construirlo hay que invertir más recursos. Igualito pasa con el sistema electoral, pero eso no lo dice el gobierno.

Lo mismo pasa con la elección de consejeros del INE. Suena bonito eso de que los elija el pueblo, ¿pero que no los eligen ya los ciudadanos a través de sus representantes en la Cámara de Diputados? ¿O es que los únicos representantes del pueblo son los legisladores de Morena y los de la Oposición no?

La siguiente pregunta pertinente es: ¿A santo de qué, usando los argumentos de la 4T, gastar más dinero en una elección nacional para elegir consejeros electorales si ahí está el Congreso de la Unión para designar a quienes tienen la obligación y el mandato de fungir como un árbitro electoral imparcial y organizar los comicios?

Es deseable también menos burocracia en el Instituto Electoral a nivel nacional, pero el problema está en los detalles, pues por desgracia la iniciativa de AMLO adolece huecos importantes pues no cuenta con candados para evitar que los gobernadores y el propio gobierno federal tomen el control de ese organismo y, como hoy da ejemplo la CNDH, lo sometan al poder presidencial.

Ciertamente quién quiere darle dinero a los partidos, cuando en todos (se trate de PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, el Verde y anexas) sin excepción están manchados por la corrupción, el abuso de poder, el tráfico de influencias y mucho más.

Pero (ahí viene el pero) si se limitan o eliminan de plano los recursos a estos partidos los dejaría en una situación en la que, en el caso de la Oposición, no podrían competir en condiciones equitativas contra el partido en el poder, en este caso Morena, que se sabe cuenta con todos los recursos del gobierno a su disposición.

También suena muy bien eso de ahorrar recursos reduciendo el número de senadores y diputados federales, pero (otro pero) al parecer se olvida que precisamente se amplió el número de integrantes del Congreso de la Unión para que lograra expresarse de la manera más fiel posible la pluralidad política de México.

El gobierno plantea en su iniciativa una supuesta representación plurinominal “pura” con listas por estado porque supuestamente los diputados y senadores actualmente no representan a las entidades del país.

Pero (un pero más) al parecer olvidan en Morena que, además de reflejar la pluralidad política del país, los legisladores plurinominales son la vía para garantizar que lleguen al Congreso liderazgos políticos, representantes de diversos sectores y especialistas en diversas materias para intentar garantizar que el Legislativo realice sus labores de manera más eficientemente posible.

En fin, al final todo depende por fortuna del cumplimiento de las democráticas, en que los votos (todos) cuentan y esos votos están en el Congreso y por ahora, si la Oposición en su conjunto vota en contra de la reforma electoral de AMLO, Morena y sus aliados no alcanzarían las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría calificada necesaria para cambiar la Constitución.

Solo una traición dentro de los diputados opositores podría darle luz verde a la reforma electoral de AMLO y los ojos están puestos sobre el PRI, aunque se pueden dar sorpresas. Todo sigue en suspenso.