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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre (Quadratín México).- Para José Woldenberg, la transición democrática significa un esfuerzo político por instalar instituciones democráticas y hacerlas funcionar en contextos que las desconocían o que las habían abandonado.
Eso supone un acomodo histórico: remover formas, instituciones, costumbres, prácticas y culturas para asentar y poner en marcha otras. Y esto es lo que ha ocurrido en México en las últimas tres décadas, afirma.
De acuerdo con un análisis publicado en el primer número de la Revista Mexicana de Cultura Política editada por el partido Nueva Alianza, titulado “De la transición jurídica a la transición política”, el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) considera preciso reconocer el cambio político que ha ocurrido en el país.
“Reconocer que estamos embarcados en una transición histórica, de grandes dimensiones, y que necesitamos ajustar las visiones y previsiones a una nueva realidad social y política que aparece y se despliega ante nuestros ojos”, agrega.
En el texto, que recoge las palabras pronunciadas por Woldenberg en la presentación de “Una bibliografía para la transición jurídica” en mayo de 2000, asegura que el país vive un enorme cambio político en donde gobierno, partidos, sociedad organizada y opinión pública llevan varios años inmersos en ese proceso de transición democrática.
Sostiene que la tarea mexicana de los últimos años, sobre todo de la década de los 90, fue la de ajustar las instituciones, las leyes y las prácticas políticas a la verdadera modernidad social. “Nuestro país cambió paulatina, pero profundamente”, dice.
Ejemplo de ello es el resultado del tema electoral en el gran debate político, que fue la creación de instituciones totalmente nuevas, como el Instituto Federal Electoral, encargado de la ejecución y administración profesional de las elecciones federales en México.
Además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encargado de dirimir las constroversias legales, el cual a partir de 1996 sufrió importantes modificaciones, expresión innegable de la transición jurídica.
A este respecto, refiere que la iniciativa y las propuestas de los magistrados que componen el Tribunal Electoral ya no corre a cargo del presidente de la República, sino que fueron votados en la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También fue instaurado el control de constitucionalidad para que todas las leyes electorales del país quedaran ceñidas a los principios y los objetivos que enumera la carta magna.
De igual forma fue reforzado el control de legalidad, es decir los actos de la autoridad administrativa pueden ser corregidos por el Tribunal en caso de duda o impugnación de alguno de los partidos, agrupaciones o ciudadanos.
No obstante, Woldenberg considera que lo anterior no es lo más importante, pues hay otro elemento, menos visible, pero igualmente virtuoso en la reforma jurídica de 1996: su oportunidad.
En este punto el académico asevera que el periodo que comprende de 1995 a 2000, ha sido el de la democratización mexicana en su fase más intensa, el momento de despegue de la competencia y disputa electoral.
Explica que a partir de 1994 se expandió la presencia local y nacional de los partidos políticos en plural; en una magnitud nunca antes vista quedó de manifiesto un conjunto de realidades locales que habían evolucionado en forma muy diferenciada.
Se puso de relieve el nuevo papel que juegan las elecciones locales y se ha consolidado el poder de los partidos a lo largo y ancho de todo el sistema político: en el Congreso de la Unión, en los gobiernos locales y en las legislaturas estatales, agrega.
Sin embargo, Woldenberg concluye con el hecho de que todos estos cambios que ha traído la transición se han plasmado invariablemente en reformas legales, por lo que “en el estudio de la transición es necesaria una atención particular a los cambios jurídicos: las transiciones políticas implícitamente implican transiciones jurídicas”.
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