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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de junio de 2016.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, envío este miércoles un escrito al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde le solicitó formalmente que haga uso del derecho constitucional que tiene para que observe la Ley General de Responsabilidades, específicamente los artículos 29 y 32, éste último tiene que ver con la polémica ley 3de3, pues calificó la norma como “imprecisa y confusa”.
“Solicito señor Presidente ejerza su facultad prevista en el artículo 72, apartados A, B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y observe la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular los artículos 29 y 32, en virtud de que la norma es incompleta, oscura, imprecisa y confusa, que no genera los instrumentos institucionales necesarios para combatir la corrupción”, aseveró.
Los apartados mencionados se refieren la facultad del Ejecutivo federal de publicar los documentos aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores, así como la posibilidad de que los regrese de manera íntegra o sólo alguna parte de éstos.
En el escrito, Zambrano Grijalva señaló que el artículo 29 no incorpora los elementos de la iniciativa ciudadana, denominada Ley 3de3 en relación a las obligaciones de los servidores públicos.
“Se incorporaron preceptos que destruyeron por completo el espíritu de la Ley ciudadana. En esas condiciones, los numerales 29 y 32 transcritos en su contenido imponen a personas físicas y morales una obligación destinada a los servidores públicos.
“De publicarse las normas crearían un temor en la sociedad, en virtud de la desconfianza que implica dar información privada en relación al patrimonio, además de que, de existir un error en el llenado del formato de manera involuntaria, sujetaría a la persona a una responsabilidad administrativa y/o penal, toda vez que la información que se proporcione sería bajo protesta de decir verdad ante autoridad administrativa”, señala el documento.
El legislador perredista advirtió que la redacción del artículo 32 de la Ley afectaría a millones de personas beneficiarias de programas sociales como PROSPERA, PROAGRO; los pensionados del IMSS, ISSSTE, Pemex, así como becarios de Conacyt, entre otros, que reciben recursos públicos, por lo que insistió en que ejerza la facultad que tiene para observar dicha ley.